Activistas guerrerenses propusieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos integre una comisión especial para hacer no sólo justicia por el asesinato de dos alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, durante el desalojo de una caseta de pago en Chilpancingo, sino para solucionar los problemas de fondo en esa institución.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, consideró que durante el desalojo de estudiantes el pasado 12 de diciembre fueron muchos los afectados además de que hay muchos testigos y víctimas que deben de ser escuchados y no solamente el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero.
"Creo que es el momento en que la CNDH debe mostrar que es merecedora del cargo y responsabilidad que le otorgaron los diputados con las reformas y para eso necesita hacer una investigación objetiva, transparente, en donde no importa si es el gobernador el autor intelectual; debe ser castigado", añadió Olivares Hernández.
En conferencia de prensa, alumnos de la normal solicitaron la intervención del gobierno federal en el conflicto, luego de que acordaron no negociar directamente con el gobierno estatal.
"No podemos sentarnos a negociar con los asesinos, los familiares han manifestado el reclamo de justicia. Consideramos que ni con la secretaria de Educación (Silvia Romero Suárez), ni con el secretario de Gobierno (Humberto Salgado Gómez), ni con el gobernador (Ángel Aguirre Rivero) nos sentaremos", indicó el alumno de tercer grado, Fidel Martínez Castro.
El estudiante dijo que seguirán con sus movilizaciones hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables de la muerte de sus compañeros.
Por separado, Pablo Juárez Cruz, un dirigente de Ayotzinapa, acusó al subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaine, de ofrecerles 100 mil pesos a cada uno de los integrantes del comité estudiantil, para que desistan de exigir juicio político en contra de Aguirre Rivero.
En tanto, el encargado del despacho de la procuraduría de Justicia de Guerrero, César de los Santos, anunció que ya se entregó a la CNDH las actuaciones de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) sobre el desalojo.