"Pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono que nacieron para callar y obedecer y no para discutir y opinar de los altos asuntos de gobierno". Así termina el bando del 25 de junio de 1767 del famoso Marqués Carlos Francisco de la Croix, caballero de la orden de Calatrava, comendador de Molinos y Laguna Rota de la misma Orden, teniente general de los reales ejércitos de S. M. (o sea, Su Majestad el rey), virrey, gobernador y capitán general del reino de la Nueva España... y un perfecto tirano, en el que expulsa a los jesuitas del reino de la Nueva España y hace saber a los súbditos su calidad de fieles obedientes y no de personas con capacidad de discutir "los altos asuntos de gobierno". 54 años después, México conquistaría su independencia.
Algo similar pudo haber publicado la Unión Europea para hacerle saber a los griegos, los creadores de los conceptos de ciudadanía y democracia, y al mundo entero, su calidad de súbditos cuando de opinar y discutir los altos asuntos de gobierno se trata. Más allá del necesario pragmatismo que la situación de Grecia requiere, el mensaje que mandaron los gobiernos y los mercados ante el posibilidad de someter a referéndum las medidas económicas es aterrador: los ciudadanos no tenemos derecho alguno a opinar sobre los altos asuntos de la economía, es decir, sobre el futuro de nuestro bienestar y el de nuestros hijos.
Algo anda mal cuando cualquier opinión divergente o contraria al sistema financiero internacional es populismo, mientras que los abusos, fraudes y engaños de los grandes bancos e intermediarios financieros, que llevaron al mundo a la crisis en 2008, es libre mercado. Estamos confundiendo no sólo los conceptos sino los roles. El principio básico de la democracia es que las decisiones importantes de la vida de una comunidad las tomen los ciudadanos, pero nos han sacado de cualquier decisión que tenga que ver con la economía, de algo tan fundamental como decidir cómo queremos vivir. Es claro que las decisiones de carácter técnico no pueden ser objeto de referéndum, pero las decisiones de política económica sí. O pasan por el Congreso, que al menos en teoría nos representa, y algunas, por su importancia, deberían de ser objeto por supuesto onjeto de referéndum.
Para el sistema financiero internacional somos vulgares consumidores, no ciudadanos. El ejercicio inteligente del consumo puede ser, sin duda, un forma de decidir el rumbo de la economía y del mundo, pero no es suficiente. Tenemos que dejar de ser súbditos de la corona financiera para readquirir plena ciudadanía; reclamar para los ciudadanos el derecho a decidir el futuro y por tanto el de la economía. Ese es, en medio del mar de contradicciones en que están metidos, el gran aporte de los indignados.
