Explicación. El director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, comparece ante legisladores para explicar las causas que provocaron la explosión en un ducto de la empresa en San Martín Texmelucan, Puebla.
El gobierno mexicano reconoció que el pasado año la toma clandestina de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó en un 61%, aunque el robo de hidrocarburos disminuyó de los 3 millones a un millón 700 mil barriles.
En comparecencia ante el Congreso el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, señaló que la vigilancia permanente de los ductos de México ayudó a reducir el robo de hidrocarburos. Sin embargo, la toma clandestina de ductos se situó en 2010 en 712 frente a los 462 de 2009.
Suárez Coppel precisó que el 69% de las tomas clandestinas se concentraron en sólo 6 estados: Veracruz, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.
Aclaró que el robo de combustibles representa el 0.4% del total de la producción de Pemex y el 0.8% del total de ventas de la empresa estatal.
En 2010 las autoridades desarticularon 3 organizaciones criminales dedicadas al robo de combustibles y a las que confiscaron 2 mil 500 millones de pesos.
El ejecutivo de la empresa estatal explicó que las tomas clandestinas que se han logrado detectar y cancelar son herméticas ya que el 94% no tenía riesgo de fuga.
El Servicio de Administración Tributaria, dependiente del ministerio de Hacienda, realizó en 2010 auditorías a 41 estaciones de servicio y ejerció acción penal en dos de esos casos por la venta de combustibles robados, explicó.
El titular de Pemex compareció ante el Legislativo para explicar los avances de las investigaciones sobre la explosión de un oleoducto en el municipio de Texmelucan, del central estado de Puebla, el pasado 19 de diciembre, que se cobró la vida de 30 personas.
Durante la presentación inicial de su comparecencia el funcionario presentó un peritaje, cuyas conclusiones apuntan a que la fuga de crudo fue producto de una "acción externa" sobre los ductos de la paraestatal, lo que refuerza la hipótesis de que fue provocado por una toma clandestina descontrolada.
Los legisladores coincidieron en que las autoridades municipales y estatales deben tener conocimiento del "atlas de oleoductos" en el que se muestren y se señalen los que pudieran representar riesgos a la población para poder prevenir catástrofes como la del pasado 19 de diciembre.
