Durante 2011 aumentó más de 65% el número de elementos del Ejército que están sujetos a proceso ante la justicia militar, acusados de delitos relacionados con violaciones a derechos humanos perpetrados durante operaciones realizadas contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El documento estadístico sobre el personal sentenciado y procesado, elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos del instituto armado, indica que mientras en enero de este año había 39 militares sometidos a juicio en tribunales castrenses, al concluir noviembre la cifra llegó a 65, entre los que están 14 oficiales y 51 elementos de tropa. En estos procesos se busca determinar la responsabilidad de los efectivos del Ejército en la comisión de ilícitos que van desde el abuso de autoridad hasta la violencia contra las personas, como homicidio o lesiones, tortura o abusos sexuales, entre otros.
Las causas penales militares contra estos elementos se derivan de las 92 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitidas contra la Sedena durante esta administración, que en su totalidad han sido aceptadas por la dependencia, que ha iniciado 18 juicios luego de que el Ministerio Público Militar determinó la presunta responsabilidad de personal militar en delitos.
El informe, que abarca las acciones legales emprendidas del 1 de diciembre de 2006 hasta noviembre de 2011, también detalla que a partir de las recomendaciones de la CNDH están en etapa de integración 55 averiguaciones previas en la Procuraduría de Justicia Militar.
Se detalla que actualmente 168 elementos del Ejército están sujetos a investigación por presuntos abusos de autoridad, lesiones o detenciones ilegales durante operaciones contra la delincuencia; entre los indiciados están 19 jefes, 26 oficiales y 123 elementos de tropa.
En materia de resultados sobre investigaciones y procesos emprendidos por la justicia militar en lo que va de este sexenio destaca que sólo 19 elementos han sido sentenciados.
En julio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los delitos cometidos por militares contra civiles ya no podrán quedar bajo la jurisdicción de los tribunales castrenses, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, activista de Guerrero víctima de desaparición forzada por militares en 1974.
