El Gobierno de Sudáfrica debe tomar medidas para atajar los ataques a ciudadanos extranjeros en este país en lugar de negar el problema, según un informe de varias asociaciones civiles sudafricanas presentado hoy en Johannesburgo.
El estudio, realizado por diversos grupos de derechos civiles de Sudáfrica, evalúa las medidas que los gobiernos africanos están tomando para mejorar sus sistemas democráticos, y será revisado por los Jefes de Estado del continente en la cumbre de la Unión Africana que se celebra hasta el uno de julio en Guinea Ecuatorial.
El documento censura la labor del Gobierno de Sudáfrica en el control de los ataques xenófobos, y asegura que "no está haciendo lo suficiente e incluso se aprecia que algunos responsables niegan el problema".
El informe muestra su preocupación por la violencia contra extranjeros en Sudáfrica, que en mayo de 2008 provocó 67 muertes y miles de desplazados, y que también desembocó en el desalojo, en noviembre de 2009, de 3,000 forasteros en Cabo Oriental (sureste), acusados de usurpar los empleos de los trabajadores locales.
Hace apenas un mes, cuatro tiendas de ciudadanos somalíes fueron incendiadas y otras 55 fueron saqueadas en la ciudad de Puerto Elisabeth (sureste).
El texto, presentado por el Instituto Sudafricano de Relaciones Internacionales (SAIA), tampoco aprueba al Ejecutivo que preside Jacob Zuma en materia de racismo, y le otorga una luz naranja en el semáforo con que el texto evalúa los avances realizados por el Gobierno.
"El grupo de evaluación ve con preocupación la retórica de algunos políticos que pueden crear divisiones raciales", apunta el documento, en referencia a Julius Malema, líder de las juventudes del partido en el Gobierno, el Congreso Nacional Africano (CNA), quien aboga por la expropiación de tierras a los blancos.
Malema está siendo juzgado por cantar una vieja canción del apartheid que anima a "matar al Boer", nombre con el que se conoce a los granjeros descendientes de colonos holandeses en Sudáfrica.