Diputados federales del PRI, PAN, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) presentaron ayer una propuesta de reforma constitucional que alienta la formación de gobiernos de coalición desde el Congreso y la creación de la figura del Jefe de Gabinete, a fin de crear mayorías parlamentarias que permitan generar gobernabilidad para el próximo Presidente de la República.
Alentada por el perredista Guadalupe Acosta Naranjo y el panista Javier Corral, la iniciativa también es suscrita por los diputados del PRI Jesús Alberto Cano Vélez y Sami David, del grupo político del senador Manlio Fabio Beltrones, así como por los diputados del PVEM, Pablo Escudero Morales, Víctor Hugo Círigo y Carlos Samuel Moreno.
La iniciativa plantea como facultades del Presidente de la República solicitar a las Cámaras del Congreso la instrumentación o disolución de determinadas coaliciones legislativas de los grupos parlamentarios y, por consiguiente, la ratificación en el Senado del Jefe de Gabinete, de los secretarios de despacho y del Procurador General de la República.
"(El Presidente) podrá optar por el gobierno de coalición, en cuyo caso acordará las políticas públicas mediante convenio en el que se especifique los objetivos del gobierno común y el número de legisladores que lo sustenten.
"En tal caso solicitará la ratificación a la Cámara de Senadores del Jefe de Gabinete, de los Secretarios de Despacho, del Procurador General de la República, de los agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales", señala la iniciativa.
Sólo en caso de que el Presidente haya solicitado la formación de un Gobierno de Coalición, la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados podrá nombrar al Secretario de Hacienda y empleados superiores de Hacienda.
NUEVA FIGURA Las facultades y obligaciones del Jefe de Gabinete serían participar en la administración general del país; expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para asumir las facultades que se le atribuyen y aquellas que le delegue el Presidente de la República, con el refrendo del secretario de despacho del ramo al cual el acto o reglamento se refiera; coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete con los secretarios de despacho, presidiéndolas en caso de ausencia del Presidente.
También, concurrir a las sesiones del Congreso de la Unión a las que sea convocado; producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.
La iniciativa advierte que el régimen presidencial vigente se ha hecho disfuncional frente a los retos actuales del país.
Se explica que en los últimos 15 años, se repite en forma constante una mayor dificultad en las relaciones del Ejecutivo y el Poder Legislativo y una mayor complejidad en las condiciones de gobierno, debido a la composición plural del Congreso.
El Presidente de la República no ha contado con una mayoría absoluta, se indica.
Ayer, al presentar la iniciativa en tribuna, Guadalupe Acosta Naranjo apuró a los legisladores a discutir y aprobar la propuesta de reforma constitucional, porque advirtió que el resultado de la elección presidencial de 2012 volverá a reflejar la pluralidad política del país.
Otros diputados que suscriben la iniciativa son: Armando Ríos Píter, coordinador del PRD; Ilich Augusto Lozano, José Luis Jaime Correa, Arturo Santana Alfaro y Mary Telma Guajardo Villarreal.
Por el PAN, César Nava Vázquez, Carlos Pérez Cuevas, Manuel Clouthier Carrillo, Agustín Castilla Marroquín y Óscar Arce Paniagua, así como el priista Miguel Ángel García Granados.
Avanza nueva Ley de Amparo
Las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores, aprobaron por unanimidad en lo general el proyecto de Decreto por el cual se expide la nueva Ley de Amparo reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de México.
El dictamen permitirá consolidar al Juicio de Amparo como un instrumento accesible al mayor número de personas, sencillo, eficaz y garante de los derechos humanos de las personas.
El proyecto de dictamen aprobado en lo general establece que mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de las garantías que prevé la Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Esta reforma es consecuencia de la adecuación a los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afines a la lógica internacional que ha extendido el espectro de protección en materia de derechos humanos y dada la necesidad de constituir al Juicio de Amparo en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas.
