Al contrario de la rotulación propagandística a la que es tan adicta una de las partes en la guerra Slim-televisoras, no hay una sola telebancada: la correspondiente a miembros del Congreso portadores de los intereses de las televisoras. En realidad, de una década para acá siempre ha sido más nutrida, activa y creciente la telebancada de los legisladores leales al imperio de las telecomunicaciones.
Y no son mayoritarias tampoco -como lo sugería ayer Carmen Aristegui en su programa de radio- las columnas periodísticas que recogen las visiones y las versiones de las empresas de televisión, en su conflicto con el conglomerado de las telecomunicaciones. Por el contrario, son cada vez mayores los espacios mediáticos inclinados a favor de las posiciones del consorcio de control de telecomunicaciones, una tendencia que probablemente se agudizará ahora que Carlos Slim optó por utilizar abiertamente -como arma de presión- su condición de primer anunciante en los medios, es decir, de mayor transferidor de recursos a las empresas informativas vía publicidad.
Esta posición es similar a la expresada -igual de manera abierta- por el presidente López Portillo hace tres décadas, cuando le retiró a "Proceso" la publicidad del Estado -entonces el primer anunciante en medios- bajo la divisa: "No pago para que me peguen". E igual que hace 30 años, hoy se pueden leer y escuchar textos mediáticos de justificación al uso del poder del gasto publicitario para premiar a las empresas informativas dóciles y castigar a las indóciles a los intereses y al discurso del anunciante supremo, sea el monopolio político de ayer o el monopolio privado de hoy.
Se trata de fenómenos no resueltos por la transición política que culminó en 2000. Si el supremo poder presidencial del pasado se fincaba entre otros factores en el control del Poder Legislativo mediante las holgadas mayorías que le daba el sistema de partido dominante, la falta de mayorías definidas de 2000 para acá ha conducido a una fragmentación desordenada, menos que a un reparto racional del poder político, como el que proponía Montesquieu hace cerca de tres siglos con su sistema de separación de poderes y su adscripción a instituciones y órganos diferentes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Y del ideal de que cada uno de esos poderes vigilara y contuviera los excesos de los otros mediante un sistema de frenos y contrapesos, en México pasamos a un aparato político simplemente frenado por intereses políticos y los arreglos de políticos con intereses particulares.
SICARIOS LEGISLATIVOS En estas condiciones, los grandes poderes privados de la comunicación y telecomunicaciones, que cobraron en las últimas décadas un peso significativo en los productos internos, en las bolsas de valores y también en los aparatos de decisiones públicas de todo el mundo, pasaron en México a tratar de contar con su propia cuota de poder en el Congreso y en otros órganos de decisión del Estado. Un legislador que hace una década resistía al poder del consorcio de Carlos Slim y hoy aparentemente ha pasado a engrosar sus filas me contaba en aquel tiempo cómo había tenido que enfrentar los amagos e injurias del líder sindical de Telmex, convertido en una especie de sicario legislativo de una de las telebancadas. Y seguro hay otras anécdotas de otras telebancadas.
Pero no se trata de perdernos en el anecdotario contado por legisladores en fuga de una a otra telebancada. Más bien habría que poner en la mira de Montesquieu si es posible reducir su propuesta de separación o reparto de poderes, a un sistema de frenos y contrapesos aplicados ya no entre los poderes constitucionales, sino entre los grandes poderes empresariales y sus sicarios en el Legislativo y en los medios de comunicación, abriéndole paso a sus intereses y conteniendo los intereses de los contrarios. A ver qué dice de esto el ilustre barón de "El espíritu de las leyes".
