Herida por la caída dramática en el precio de sus acciones, Teléfonos de México se apresuró ayer mismo a lanzar su contraofensiva frente a la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para agregar a su canasta de servicios video y audio restringidos, colocando en la mesa un "incidente de inejecución de sentencia".
De acuerdo a la óptica de la firma del magnate Carlos Slim, la respuesta de la dependencia al emplazamiento de un Tribunal Colegiado de Circuito no cumplió las expectativas de éste, dado que no fue "completa, motivada y fundada".
Más aún, se le acusa de no tomar en cuenta la alternativa ficta en que incurrió la Comisión Federal de Telecomunicaciones al no responder en tiempo y forma a un emplazamiento de la firma sobre su cumplimiento con el llamado Acuerdo de Convergencia.
De acuerdo a la ley, cuando una dependencia no responde en un plazo determinado a una petición ciudadana, se considera positiva su respuesta.
El caso es que según la SCT la empresa no ha cumplido con las líneas de éste, es decir, interconexión de redes, interoperabilidad y portabilidad de números.
Y aunque la propia Cofetel inició una investigación para saber en dónde quedó la bolita, es decir, quién fue el responsable de la omisión que operó en su contra, jurídicamente no existe opción para reconsiderar su postura.
Para cualquier juez, pues, la instancia respondió afirmativamente al cumplimiento de Telmex sobre los requisitos para acceder a la modificación de su título de concesión.
La paradoja del caso es que el golpe a las aspiraciones de la principal proveedora de telefonía fija en el país, que le deja en desventaja frente a Televisa y las firmas de televisión por cable que están desde hace dos años en opción de ofrecer paquetes completos video-internet-telefonía, ha logrado el milagro de convertirla de villano en víctima.
La percepción generalizada es que la ofensiva contra el magnate Carlos Slim, más que un deseo real de equilibrio obedece a una consigna lanzada desde Los Pinos.
La furia la desnudó la declaración lanzada desde Estados Unidos por el presidente Felipe Calderón, en la que atribuyó las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley Federal de Competencia Económica a la necesidad de reducir a Carlos Slim.
Como si en Telmex y Telcel se concentrara la actividad de los monopolios en México. Como si no existieran el Grupo Modelo, Femsa, Cementos Mexicanos, Televisa, Bachoco, Maseca, Bimbo...
Más allá, queda para los anales el voto de calidad del presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, que rompió el empate del pleno para condenar a Telcel al pago de la madre de todas las multas por reincidencia en prácticas antimonopólicas, en un escenario en que aún no queda claro si estaba realmente justificada la abstención del consejero Agustín Navarro.
De hecho, la expectativa de los analistas, de ahí la caída en el precio de la acción de Telmex, hablaba de que en afán de evitar lo que pareciera un linchamiento contra el magnate Carlos Slim, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le daría el sí a la alternativa, pero condicionada a que solucionara sus problemas de interconexión.
La expectativa la avalaba la declaración pública del presidente de la propia instancia antimonopólica, en el sentido de que para equilibrar realmente el escenario de las telecomunicaciones se debía permitir a Telmex participar en audio y video restringido.
En el nuevo escenario, la oposición legislativa se está colocando en la trinchera de Telmex, al considerar que la SCT incurrió en desacato; que el gobierno sigue cargando los dados hacia Televisa por motivos electoreros; que se le están cerrando las vías a la empresa privada para seguir invirtiendo en México, y que el gobierno soslaya su responsabilidad de regular las telecomunicaciones.
En el marco, mientras Telmex acapara 81% del mercado en telefonía básica en el país, y su filial Telcel 70% de la móvil, Televisa alcanza 80% del video.
El mercado de video genera 3 mil millones de dólares al año.
En la fase previa a su resolución, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, había señalado que el gobierno no pone barreras artificiales a Teléfonos de México para su entrada al mercado de televisión, y no favorece a Televisa. Por lo pronto, la ofensiva de la firma de Carlos Slim podría llegar hasta los tribunales internacionales.
BALANCE GENERAL
Empecinada la Secretaría de Economía en reducir a cero el arancel o impuesto de importación que se le aplica al acero proveniente de países con los que no se han firmado acuerdos de libre comercio, las firmas acereras insisten en que el gobierno no ha cumplido su parte en el trato que les permitió aceptar la medida.
El punto nodal de éste planteaba una baja en las tarifas eléctricas, con la novedad de que éstas han crecido al infinito.
De acuerdo a un estudio elaborado por la Concamín, la Canacintra y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, una siderúrgica instalada en el país paga más de 51% que otra similar en Texas por el suministro.
Lo que aquí se cobra a 7.02 centavos de dólar por kilowatt/hora, del otro lado del río Bravo cuesta sólo 4.03.
GAN IMPUGNA
Finalmente Altos Hornos de México, filial del Grupo Acerero del Norte, impugnará por la vía legal la licitación para suministro de carbón térmico convocada por la Comisión Federal de Electricidad, que derivó en un contrato por 200 millones de dólares para la firma Prominor, al considerar que se cometieron dos irregularidades.
De entrada se señala que la dirección ofrecida por la firma corresponde a un pequeño local en ruinas en lo que alguna vez operó una lavandería, además de que la dueña de la compañía, el Grupo Clisa, participó en el concurso con doble cachucha, lo que prohíbe la ley.
La firma ganadora señala un capital de 50 mil pesos.
La paradoja del caso es que se había anunciado el resultado del concurso como el primer gran logro del nuevo director general de la paraestatal, Antonio Vivanco.
OTRA CONTRA PEMEX
Como le habíamos anticipado en este espacio, la Cámara de Diputados promovió la semana pasada una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el Ejecutivo, por pretender, vía un simple acuerdo administrativo, violar lo dispuesto en el Artículo 27 de la Constitución.
El escenario involucra a Petróleos Mexicanos.
Hete aquí que un funcionario menor de la Secretaría de Energía expidió un documento por el cual se faculta a la empresa pública a contratar a una o más firmas privadas para abastecer a la red de gasolineras del país. Un intermediario, pues, para las intermediarias.
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En el horizonte se pretende modificar los contratos de franquicia de las estaciones de servicio para supeditarlas al nuevo escenario.
El plazo para la renovación de éstos vence en el mes de octubre.
