A contrapelo de lo dicho el miércoles pasado en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, Teléfonos de México sí solicitó en su momento agregar a su canasta de servicios la posibilidad del video.
Aunque el funcionario hablaba de no haber registro de escrito alguno de la filial hemisférica de la firma del magnate Carlos Slim, América Móvil, el trámite lo realizó la propia matriz en noviembre de 2009.
Se diría, pues, que el funcionario mintió a medias.
El caso es que la petición fue rechazada en una primera instancia por la Comisión Federal de Telecomunicaciones nueve meses después, concretamente el nueve de agosto de 2010, turnándose la resolución a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien tendría la última palabra.
De hecho, a solicitud de Teléfonos de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), le solicitó a la instancia regulatoria transparentar el acta respectiva para hacer públicas las razones del rechazo.
LA RESPUESTA FUE NEGATIVA
De acuerdo a la Cofetel, la información debía reservarse durante 12 años, "por tratarse de un proceso deliberativo del que aún no existe un pronunciamiento definitivo".
El argumento, empero, sería rechazado por la instancia, aduciendo que el órgano de regulación ya había cumplido su parte, vemos que el procedimiento se agotó cuando la resolución fue turnada a la SCT. Lo que resuelva ésta es otra cuestión.
Colocada, pues, de espaldas al callejón, la Cofetel, quien hasta hoy ha incumplido con 46 solicitudes conexas para transparentar sus deliberaciones, deberá hacer pública el acta correspondiente.
Aparentemente el plazo final está por vencerse.
Como usted sabe, a lo largo de siete años Teléfonos de México ha navegado entre tormentas en su insistencia por alcanzar el último tramo de la convergencia tecnológica, el cuádruple play lo llaman.
De entrada, el que fuera secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le exigía una contraprestación nunca cuantificada para modificar el título de concesión con que opera, dado que éste no incluye la posibilidad de la televisión de paga.
Más allá, se le condicionó a aceptar esquemas novedosos, como la portabilidad de líneas, es decir que el número con el que recibe llamadas la clientela no se modifique al cambio de proveedor.
En otra instancia, se le condicionó a desistirse de los amparos que había logrado contra resoluciones de la propia Cofetel en materia de compactación de zonas geográficas para efecto de cobro de llamadas de larga distancia, y entrega de informes trimestrales sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión con que opera.
En la última etapa, el miércoles pasado, el propio titular de Comunicaciones y Transportes habló de darle el sí a cambio de aceptar un nuevo escenario de tarifas de interconexión.
Por lo pronto, la denuncia colocada en la mesa de la Cofetel por Portatel del Sureste, es decir Iusacell, contra Telcel, le coloca un obstáculo más a la ruta.
De acuerdo a ésta, la empresa de telefonía móvil le ofrece un trato discriminatorio a sus propios usuarios al cobrarles 1.19 pesos por minuto por llamadas a nueve números frecuentes, en tanto las originadas desde su red a otros operadores, se facturan a 4.16 por minuto.
La querella apunta a los planes Amigo, Amigo Fidelidad, Más por Menos, Más por Menos Nacionales, Más por Menos por Segundo y Más por Menos con Internet Ilimitado.
De acuerdo a la querellante, la filial de Teléfonos de México viola la regla décima cuarta del Servicio Local, que exige aplicar los cargos a los usuarios por la recepción de tráfico público conmutado en forma "no discriminatoria".
El razonamiento habla de que los concesionarios que prestan el servicio local móvil a usuarios cuyos números no pertenecen a la modalidad "el que llama paga", están impedidos a cobrar tarifas distintas a sus usuarios en función de la red de origen de una llamada.
De acuerdo al esquema con que se maneja la Cofetel, no podrían otorgarse concesiones o ampliarse éstas a empresas que tengan denuncias pendientes.
Zancadilla, pues, a Telmex TV.
BALANCE GENERAL
Rebeladas, en el insólito, las tradicionalmente dóciles centrales obreras, el PRI está reculando en su pretensión de llevar el Martes Santo al pleno su proyecto de reforma laboral bendecido por el PAN.
La consigna es modificar en comisiones algunas de las modificaciones consideradas arteras contra la causa de los trabajadores.
El ramillete habla de revisar la posibilidad del trabajo por horas; los contratos a prueba; la obligación de una larga capacitación inicial; la subcontratación vía las tercerías u outsourcing, y el que se le otorgue un máximo de un año de salarios caídos a los trabajadores que enfrenten largos juicios laborales.
La paradoja del caso es que la reversa está resquebrajando la alianza con el PAN, quien ahora exige que su iniciativa, colocada el año pasado en la mesa del Senado, también sea dictaminada. Naturalmente, el PRD quiere lo propio frente a la propuesta de la Unión Nacional de Trabajadores que hizo suya.
OTRA VEZ CASINOS
A contrapelo de su tradicional postura cuando se sentaba en las curules de la oposición, ahora resulta que el Partido Acción Nacional está reviviendo el viejo proyecto de instalar casinos en México a imagen y semejanza de la Habana en la era del dictador Fulgencio Batista.
El promotor de la iniciativa para una nueva Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos que extienda el manto hacia la ruleta y el bacará, es el senador Felipe González.
Según ello la Secretaría de Gobernación sería celosa vigilante de la exacta rendición de cuentas de los establecimientos.
¿Se acuerda usted cuando se hablaba de fincarle responsabilidades al ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, por haberle otorgado un ramillete de concesiones a Televisa para abrir casas de apuestas en todo el país?
¿Se acuerda cuando los panistas se desgarraban las vestiduras hablando de las siete plagas, entre ellas el "lavado de dinero", la intromisión del crimen organizado y la prostitución?
SEMPRA, LA LIBRA
Finalmente la empresa estadounidense Sempra, obtuvo del juez Undécimo de Distrito de Baja California, Juan Manuel García Figueroa, un amparo definitivo contra la orden de clausura a su planta de gas natural licuado dictada por el alcalde de Ensenada.
El argumento del togado fue que las causales esgrimidas por la alcaldía no se justificaban, dado que los documentos exigidos para garantizar el visto bueno de la autoridad federal en materia de impacto ambiental están en poder de la Procuraduría del Medio Ambiente.
La firma que opera como Energía Costa Azul, pues, no se fue por la libre... por más que los estragos al medio ambiente son algo más que fantasmas del alcalde.
