Ya son casi cinco años de la tragedia. El tiempo es verdad que casi todo lo cura, y para la conciencia social, es definitivo que el transcurrir de los meses y años todo es enviado al olvido. Así parece que sucede en Pasta de Conchos a un día de que se cumpla ya el primer lustro que aquella explosión en la mina que dejó 65 mineros muertos y sepultados bajo miles de toneladas de mineral. De todos los finados, sólo dos cadáveres pudieron ser rescatados, el resto, yace en las entrañas de la tierra. Lo que antes fue su centro de trabajo y medio para el sustento de sus familias, hoy es un sepulcro colectivo.
Después de cinco años la historia es distinta a los primeros meses que transcurrieron luego del accidente. Hay que recordar que durante cinco días, se albergaban esperanzas de que hubiese alguna posibilidad de sobrevivencia de los trabajadores. Las escenas eran desgarradoras. Decenas de familiares y amigos acampaban formando un perímetro extra al de las vallas metálicas que delimitan los terrenos de la unidad de producción de Industrial Minera México (IMMSA), compañía perteneciente al Grupo México, unos de los consorcios mineros más importantes de América y el mundo, según se auto describen en su portal ( gmexico.com.mx)
Hoy ya no hay el interés de los medios nacionales e internacionales que transmitían por sus señales primero los rostros de angustia de los familiares y luego de confirmarse la muerte, lo desgarradores momentos de dolor de quienes habían perdido al esposo, al padre, al hijo, al hermano.
En medio de todo aquel suceso, hay que recordar que se dio uno de tantos conflictos mediáticos que gustaba de protagonizar el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés con las autoridades federales en turno, empezando por el presidente Vicente Fox y en particular, siendo muy frontal en su diferendo con quien en aquellos tiempos se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar, que fue señalado por el gobernador Moreira como displicente para atender la tragedia que acontecía en el centro geográfico del estado.
Pasaron los primeros días de dolor y cuando ya se determinó que nada se podía hacer por la vida de los infortunados, la empresa indemnizó con setecientos cincuenta mil pesos a cada una de las viudas. Grupo México desembolsó 47 millones, doscientos cincuenta mil pesos, resultante de la multiplicación del monto de liquidación individual por 63 de los 65 finados, ya que dos de ellos eran solteros. Además de esto, la compañía se comprometió a entregar a las familias directas, el triple del salario que percibían los trabajadores hasta que se recuperaran los cuerpos. Estos apoyos oscilaban entre 2 mil 800 y 3 mil 500 pesos semanales, así como la entrega de una beca mensual de 460 pesos para los huérfanos que estuvieran estudiando.
El profesor Moreira ofreció por parte del Gobierno de Coahuila apoyos para los estudios de quienes habían perdido a sus padres en la tragedia. La promesa consistía en sufragar los gastos de la educación hasta que llegaran a profesionistas.
Al día de hoy, tanto Industrial Minera México, como el Gobierno de Coahuila, han olvidado sus compromisos. Los cuerpos no han sido rescatados y ya no se dan más las pensiones que la empresa prometió. Los dependientes económicos sólo reciben las pensiones del IMSS, que van de los 2 mil 200 a los 3 mil quinientos, todo lo demás, no existe. El 4 de abril de 2007 IMMSA suspendió las labores de rescate y en el mes de mayo de ese mismo año, dejó de pagar el triple salario a las viudas de los mineros, sin dar explicación alguna. Lo mismo hizo con el apoyo escolar, pero este fue suspendido en octubre del año pasado, mientras que las becas del → Gobierno del Estado a mediados del mismo año.
Esto es al día de hoy el recuento de la tragedia. En términos humanos, 65 familias mutiladas por un accidente de trabajo que tal vez pudo ser evitado (el no rescate de los cuerpos genera la suspicacia de que la empresa sabe que esto podría dar datos de que efectivamente la negligencia estuvo presente en la misma) IMMSA al final resultó con gastos extraordinarios y la presunta responsabilidad de 65 víctimas ¿ y al gobernador que incumplió qué?
Ciertamente toda la administración de Moreira se destacó por el sensible apoyo a las clases más desprotegidas, y en la ocasión, el carismático político con sensibilidad social y/o astucia política, se fue acampar los días en el que se iniciaban las labores de rescate.
Por las noches, en cadena nacional, por el canal dos de Televisa, aparecía dando parte a los televidentes de lo que sucedía, con el rostro lleno de hollín, lo que sin duda le dio parte de su plataforma. Cuando se supo que no había nada más qué hacer por los infortunados mineros atrapados, ofreció esas becas, que han sido suspendidas desde hace medio año según las declaraciones de las familias supervivientes.
Hay que hacer votos porque la suspensión de los apoyos a los estudiantes haya sido nada más un error administrativo y no una de esas promesas incumplidas a lo que tanto los políticos suelen recurrir. Porque quiérase o no, Moreira haciendo lo que tenía que hacer, se catapultó mediáticamente, por lo que hay que exigirle que por lo menos se cumpla con lo que se dijo ¿ o no?
