El SAT reconoce que entre 1991 y mediados de 2010 fue instruido por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para cobrar 48 mil 572 millones 990 mil 79 pesos derivados de pliegos administrativos, sanciones económicas y multas administrativas. Acepta, también, que de ese total, 22 mil 38 millones 274 mil 655 pesos (45%) ya no los puede cobrar porque causaron estado o baja, que 26 mil 458 millones 971 mil 708 pesos (54.8%) no los ha cobrado y que apenas cobró 75 millones 743 mil 715 pesos, sólo .15% del total. Usted puede corrobarar esos datos en la respuesta del SAT a la solicitud de información pública con folio 0610100102610.
Precisados estos datos permítame ahora contarle una historia de la que quien esto escribe es la víctima:
El 1 de septiembre de 2010 recibí una comunicación del SAT en la que me informaba que tenía un adeudo con el fisco por lo que, de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, había sido registrado en el Buró de Crédito, procedimiento éste apenas aprobado en los primeros meses de 2010.
Para saber de qué se trataba -ya que no tenía registro ni requerimiento al respecto- acudí a la oficina del SAT que me corresponde, donde se me informó que en octubre de 2005 (ojo: cinco años atrás) se había enviado a mi domicilio la notificación de dos multas, por una declaración de impuesto extemporánea, que ya con recargos sumaban 600 pesos. Le hice saber que no había sido notificado y ellos pudieron checar en sus registros que, en efecto, no había firma que demostrara que el requerimiento había sido recibido.
De cualquier manera la multa fue pagada de inmediato y ahí mismo se me entregaron unos formatos para iniciar el trámite que me borrara del Buró de Crédito.
En enero de este año hubo necesidad de tramitar un crédito que el banco al que acudí rechazó de inmediato. En la pantalla del ejecutivo de cuenta se habían prendido todos los focos rojos. Se me dijo que estaba en el Buró y que solicitara un reporte especial para conocer mi estado. Recurrí a la página internet del Buró que me derivó a un chat a través del cual me indicaron cómo solicitar el reporte (lo que por cierto tiene un costo) y donde se me ofreció, si lo deseaba, iniciar el trámite vía Internet para que me sacaran del Buró. Lo hice de inmediato, para lo cual se me pidió un depósito de 3 mil pesos que deposité en la cuenta señalada, lo que al final de cuentas resultó un fraude, pues funcionarios del Buró a los que consulté posteriormente me confirmaron que ellos no manejan ningún chat.
Entre tanto, el reporte me confirmó que el adeudo estaba saldado, por lo que acudí al banco con ese dato específico, pero la ejecutiva me explicó que el crédito no se autorizaba porque tenía una morosidad de cinco años, lo que se traducía en una calificación de nueve, que es equivalente a la de un defraudador.
El Buró me dijo que en el mejor de los casos era el SAT el que tenía que indicar que se me quitara tal calificación, y el SAT me contestó que estaban impedidos de hacerlo, que así eran las leyes y reglamentos y que, en el mejor de los casos, en un par de años podría volver a ser sujeto de crédito.
De manera tal que por 600 pesos que durante cinco años no pagué al SAT porque no se me notificó, tengo el carácter de defraudador fiscal y estoy inhabilitado para recibir cualquier crédito. Mientras tanto, siguen volando 26 mil 400 millones de pesos que el SAT no cobra porque no quiere o no puede. Este es un caso de terrorismo fiscal o, por lo menos, de abuso de autoridad.
1. MAGISTRADOS. Un acierto el de Felipe Calderón al proponer al Senado de la República a Carlos Mena Adame y Juan Ángel Chávez Ramírez como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para un periodo de 15 años. Mena Adame, doctor en derecho por la UNAM, dejó una grata impresión a su paso por la Suprema Corte de Justicia, una de las instituciones a las que ha servido en su larga carrera judicial. Chávez Ramírez es licenciado en derecho por la Universidad Juárez de Durango y fue abogado general del IPN, director general de Asuntos Jurídicos de la Sectur y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Durango.
2. MI INVITACIÓN para que me siga en twitter. Mi dirección es @RaúlRodríguezC. Ahí, si le parece, podemos compatir información y opiniones.
