Los exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación, Juan Iván Peña Neder y Roberto Correa Méndez vendieron a empresarios de la industria del juego documentos, algunos falsos, que permitieron la instalación y operación de casinos irregulares en diferentes estados del país. El tráfico de documentos se realizó a través de las empresas Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta, S. De R.L. de C.V., y Ferrocarril Endige S.A. de C.V.
La Secretaría de Gobernación investiga a estas empresas por estar implicadas en la operación irregular del Casino Royale que, el pasado 25 de agosto sufrió un atentado que provocó la muerte de 52 personas. En documentos se muestran cómo estas empresas utilizaron "criterios administrativos de excepción regulatoria", figura jurídica inexistente en la Ley y el Reglamento de Juegos y Sorteos, para instalar casinos y operar juegos prohibidos, como naipes y ruleta electrónica.
Fuentes de la industria identifican a Juan Iván Peña Neder, exasesor de la Subsecretaría de Gobierno, y a Roberto Correa Méndez, exdirector general adjunto de Juegos y Sorteos, como los responsables de las operaciones de Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta y Ferrocarril Endige.
Juan Iván Peña Neder se desempeñó como coordinador de asesores del entonces subsecretario de Gobierno, Abraham González. En este cargo sólo duró de mayo a octubre de 2007. Hoy, Peña Neder es administrador de la empresa Táctica y Estrategia Legal y Comercial, que opera el casino Fortuna en La Piedad, Michoacán. Además, es director general de Comercial de Juegos Vallarta Galet, que busca abrir un casino en Salamanca, Guanajuato. Roberto Correa Méndez fue nombrado director general adjunto de Juegos y Sorteos en enero de 2007. En este puesto permaneció hasta el 11 de junio de 2009, cuando le presentó su renuncia a Fernando Gómez Mont, entonces titular de Gobernación. Un día antes de su renuncia firmó el permiso que autoriza a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A de C.V., operar 41 casinos. ¿
Los "criterios de excepción regulatoria" es una figura administrativa que no está contemplada ni en la Ley General de Juegos y Sorteos ni en el reglamento de esta legislación. Sin embargo, fue en la misma Secretaría de Gobernación en donde se aprobó. El 10 de marzo de 2005, a través del oficio UG/211/0295/2005, el entonces titular de la Unidad de Gobierno, Manuel Fierro Evans, emitió un criterio en el que se determinó que la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey no requería permiso de la Secretaría de Gobernación para instalar y operar sus centros de entretenimiento en territorio nacional, toda vez que "las máquinas utilizadas eran un juego de habilidad y destreza que no implicaba azar ni apuesta en ninguna de sus formas". Este criterio quedó en el olvido hasta el 2 de abril de 2008. Ese día, Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey realizó un convenio de "cesión de derechos" con la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta S. de R.L. de C.V., empresa que manejan los exfuncionarios Peña Neder y Correa Méndez.
