Dentro del cúmulo de asuntos pendientes que tiene la administración municipal que preside el priista Eduardo Olmos Castro, la transparencia es uno de los que más rezago presenta. En poco más de un año, el Ayuntamiento de Torreón ha mostrado indiferencia y falta de oficio a la hora de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Varios casos sirven de evidencia.
Durante 2010 uno de los temas más polémicos fue -y sigue siendo hasta ahora- el de la nómina municipal. Aunque el alcalde había prometido disminuir el gasto por servicios personales, mes con mes se vio cómo el monto por este concepto se fue incrementando sin que ningún funcionario atinara a explicar el origen de tal contradicción. A la fecha, el listado de sueldos de empleados municipales que aparece en la página de Internet del Ayuntamiento carece de la información suficiente y muestra enormes inconsistencias. Otro de los casos que despertó la suspicacia de los ciudadanos fue el de la compra a precios exorbitantes de los predios en donde se construye la Gran Plaza, caso en el que salieron a relucir alteraciones en los valores catastrales de las fincas en cuestión. De no ser por la presión de medios de comunicación, los detalles de dichas transacciones no hubieran sido conocidos por la opinión pública.
Recientemente se informó que la Tesorería ejerció un crédito bancario por 20 millones de pesos en diciembre pasado sin permiso de la Comisión de Hacienda. El dinero, según explicó la autoridad, se utilizó para cubrir “emergencias financieras”. No obstante, esta situación no justifica el hecho de no informar a la ciudadanía y de no seguir los procedimientos legales establecidos.
Frente a las críticas de la oposición y un amplio sector de la ciudadanía, la semana pasada el alcalde Eduardo Olmos presentó el proyecto de Transparencia y Acceso a la Información, con el que, junto al Monitor de Cabildo, se pretende quitar la turbiedad con la que hasta ahora se ha conducido la administración.
Fundamental para el éxito de esta empresa es que todos los involucrados en el gobierno entiendan que la transparencia y el acceso a la información no son graciosas concesiones hacia la sociedad, sino una obligación de todos los funcionarios públicos y un derecho ciudadano. Pero, hay que reconocerlo, este grado de conciencia no es una característica del actual Gobierno de la ciudad.
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