Las diferencias entre las políticas públicas del Gobierno de Coahuila revelan un trato preferencial a favor de Saltillo y discriminatorio en perjuicio de Torreón, que los coahuilenses de esta parte del estado no merecemos.
Información difundida por El Siglo de Torreón en estos días, ofrece dos botones de muestra, en el concepto de inversión en vialidades y en infraestructura hospitalaria.
En el primer caso destaca el paso inferior Villa Florida, el Sistema Vial Alianza, la antigua Carretera a San Pedro y los bulevares Senderos, UAL y Prolongación Álamos, como obras viales concluidas y entregadas a la ciudad de Torreón según el quinto informe del gobernador Humberto Moreira rendido hace cinco meses, cuando la realidad es que dichas vialidades al día de hoy no están terminadas ni tienen para cuándo, en tanto que en Saltillo este tipo de obras avanza en los tiempos estipulados y con cargo a montos de inversión mucho mayores.
Por lo que toca a la infraestructura hospitalaria, mientras en nuestra ciudad la última de tales inversiones data del año de mil novecientos noventa y tres y la construcción del Hospital General sigue siendo una promesa incumplida, en Saltillo desde la fecha antes mencionada se han edificado un Centro de Salud Mental, un Hospital Geriátrico, un Hospital General y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.
El odioso comparativo no busca reeditar la vieja oposición dialéctica Torreón contra Saltillo. El saltillense promedio ninguna culpa tiene del sesgo indebido en las políticas públicas, y al conocer la microrrealidad específica de la capital de Coahuila, también allá se percibe un trato desigual a los ciudadanos, que son privilegiados o discriminados por un Gobierno autoritario que reparte a capricho los beneficios de los programas sociales y restringe o condiciona el ejercicio de las libertades fundamentales.
El problema se plantea en mayor o menor medida en todas las regiones de Coahuila y tiene su origen en una viciada relación entre sociedad y gobierno. Algo tiene que ver con que el asiento de los poderes públicos concentra la burocracia en la capital con el control que ello implica, pero sobre todo en virtud del estilo de ejercer el poder del PRI de la familia Moreira, basado en un cacicazgo sindical con pretensiones dinásticas, en el que la alta burocracia amenaza convertirse en casta divina.
A ello se debe que el PRI de Coahuila se encuentre avasallado por el clan Moreira y por tal motivo, en el seno de ese partido sólo tienen futuro los cuadros dispuestos a operar como soldados de a pie, como ocurre con el diputado federal con licencia Miguel Riquelme o el dirigente del PRI en Torreón, Salvador Hernández Vélez.
No se descarta que las estrellas políticas mencionadas u otras que orbitan en el firmamento moreirista pudieran brillar con luz propia, sin embargo no está previsto que tal cosa ocurra y por el contrario, el requisito para funcionar en el sistema, es el sometimiento en cuerpo y alma.
Algo parecido pasa con las instituciones de Gobierno como es el caso del Municipio de Torreón, que ha desaparecido como entidad política autónoma para convertirse en una delegación del poder Moreira ejercido a través de Eduardo Olmos, personaje que actúa más como interventor con cargo a la caja, que como alcalde.
Los torreonenses que votaron por el PRI cansados de los pleitos entre el gobernador Moreira y el alcalde panista José Ángel Pérez, se equivocaron al creer que con un presidente priista nuestra ciudad tendría el apoyo del Gobierno Estatal. Ahora se advierte que lo que se quiere es el sometimiento total, que endurece el maltrato.
Tal cosa se confirma con las declaraciones no desmentidas de la síndica del Ayuntamiento de Torreón Natalia Virgil Orona, en las que revela que en tiempos de José Ángel Pérez la inversión pública en la ciudad se integraba con dos pesos aportados por el Gobierno del Estado por cada peso que ponía el Municipio, en tanto que hoy día la proporción apenas alcanza el uno a uno.
