Conflicto. Las protestan en Túnez no ceden. Las Naciones Unidas denunciaron la muerte de más de cien civiles.
La Justicia de Túnez ha abierto una investigación judicial por "adquisición ilegal de bienes" y por "depósitos financieros ilícitos en el extranjero" contra el depuesto presidente del país, Zine el Abidine Ben Alí, y su familia política, anunció ayer la agencia oficial tunecina TAP.
Según la agencia oficial, la investigación se refiere a los delitos de "adquisición ilegal de bienes muebles e inmuebles, depósitos ilícitos en el extranjero y exportación ilegal de divisas".
La TAP indicó asimismo que el procedimiento judicial se emprenderá contra Ben Alí, su esposa Leila Trabelsi y los "hermanos y yernos" de esta última.
La televisión estatal señaló por su parte que "todos los hermanos, hermanas y sobrinos" de Leila Trabelsi estarán incluidos en la investigación judicial y que ésta permitirá a la Justicia establecer una lista de todos los bienes de los afectados, "que podrán ser expropiados".El clan de la familia Trabelsi es especialmente odiado por los tunecinos, que le acusan de haberse apoderado de las riquezas del país apropiándose de tierras y multitud de bienes estatales.
DENUNCIAN MUERTES
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Navy Pillay, señaló ayer que ha recibido denuncias de más de un centenar de muertos en Túnez en las últimas cinco semanas, a causa de disparos, suicidios de protesta y motines en cárceles.
En rueda de prensa, Pillay reiteró su solicitud de que todas las muertes y violaciones a los derechos humanos sean investigados y sus responsables juzgados.
