El sábado pasado, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó con 26 votos a favor y 4 en contra una reforma a la Ley de Deuda Pública con la que se autoriza al Gobierno Estatal y a los 38 ayuntamientos solicitar deuda de corto plazo sin permiso del Legislativo y usando como garantías edificios públicos.
Esta reforma, que da vía libre al Ejecutivo de Coahuila para contratar más créditos, se gesta en medio de serios cuestionamientos en torno a la deuda pública del Estado y abona a la incertidumbre financiera que prevalece en la entidad con miras al arranque de la nueva administración que presidirá Rubén Moreira.
Según las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda del Estado de Coahuila pasó de 0 a 31,973 millones de pesos en tan sólo seis años, con lo cual la entidad se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional en endeudamiento público por volumen, y en el primero en monto per cápita.
El problema central de esta enorme deuda contraída en tan poco tiempo radica en la nula transparencia en el ejercicio de los créditos solicitados por la autoridad estatal. Los mismos diputados locales que aprobaron la reforma el fin de semana, rechazaron hacer público el desglose de la deuda actual de la entidad, como si los coahuilenses no tuvieran el derecho de conocer la situación de las finanzas del gobierno que funciona a costa de las contribuciones de todos los ciudadanos.
La postura que han asumido los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los integrantes de la actual administración y el propio gobernador electo, quienes dicen que la deuda es necesaria para llevar a cabo obras públicas y programas, es insostenible cuando no hay transparencia en el manejo de los recursos y cuando pesan serias acusaciones en contra del proceder de algunos funcionarios, como el caso del actual encargado del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal.
Por eso, la apresurada concesión dada por los diputados al Gobierno Estatal no sólo pone en entredicho, una vez más, el compromiso de los legisladores para con la ciudadanía que dicen representar, sino que significa también otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo para que continúe por el camino de la irresponsabilidad, la opacidad y la nula rendición de cuentas.
Lo que está en juego con esta decisión es la viabilidad financiera del estado y el patrimonio público de los coahuilenses, lo cual parece no importar a los legisladores y gobernantes. A fin de cuentas ellos tienen garantizados sus emolumentos.
