Cincuenta organizaciones sociales y empresariales exigieron al Congreso de la Unión anteponer las necesidades de seguridad, justicia y legalidad de los ciudadanos de México a intereses de políticos o partidarios y dar cauce a los “pendientes legislativos”.
En un mensaje dirigido a las cámaras de Senadores y Diputados, el colectivo de la iniciativa privada demandó a los legisladores analizar y discutir sobre seguridad nacional, reestructuración del mando de la policía, reforma constitucional en derechos humanos, lavado de dinero y la legislación federal reglamentaria de la reforma penal.
El conjunto de instituciones, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, el Centro de Investigación para el Desarrollo y la Confederación Patronal de la República Mexicana, consideró que “no existe ninguna razón para dilatar estas leyes y reformas”.
Recordaron que en diciembre pasado las mismas organizaciones de la sociedad civil expresaron públicamente su “decepción”, al tiempo que compartieron con el Congreso de la Unión una lista de “pendientes legislativos” que ahora de nueva cuenta reiteraron.
Subrayaron que las cifras sobre el incremento de la violencia y la criminalidad, “que los ciudadanos hemos conocido en las últimas semanas, son de suma preocupación y dejan en la sociedad un sentimiento de zozobra e indefensión”.
Senadores y diputados aceptaron que hace falta “celeridad” en el desahogo de la agenda legislativa, pero señalaron que no se puede legislar “al vapor”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), dijo que sobre la Ley de Seguridad Nacional habrá un dictamen aprobatorio en este periodo de sesiones que concluye el 30 de abril.
Los senadores Ricardo García Cervantes (PAN) y Jesús Murillo Karam (PRI) coincidieron en la necesidad de aprobar leyes como la de lavado de dinero, pero que deben analizarse y debatirse bien.
