El colmo. El organismo documentó casos de personas que fueron obligadas a declarar y estima que hay personas encarceladas a pesar de ser inocentes, por presiones de los agentes que los detuvieron, aunque desconoce cifras concretas. EL SIGLO DE DURANGO
Durango
Del 25 de mayo del 2005 al 11 de abril del 2011 se han presentado mil 371 quejas ante Derechos Humanos, por personas que dijeron ser víctimas de detenciones arbitrarias cometidas, principalmente, por agentes preventivos y judiciales.
La alta incidencia en este tipo de arbitrariedades derivó en la emisión de la tercera recomendación general por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Durango, difundida ayer ante los medios de comunicación.
El documento está dirigido a Jesús Antonio Rosso Holguín, secretario de Seguridad Pública estatal; a Ramiro Ortiz Aguirre, fiscal General del Estado de Durango; al diputado local Adrián Valles Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, y a los 39 alcaldes.
Carlos García Carranza, presidente de la CEDH, explicó que tan solo entre 2005 y 2010 se interpusieron cuatro mil 276 quejas ante el organismo; de las cuales, el 30 por ciento es por detenciones arbitrarias. En lo que va del 2011 suman 51 quejas por este motivo. La recomendación general revela que se trata de "una práctica común de los servidores públicos, tanto para la investigación de delitos, como para señalarlos como probables responsables".
Expone además que esta situación da pie a que los agentes cometan otros delitos al "cobrar" a los detenidos para ponerlos en libertad, incluso para robarles sus pertenencias con el pretexto de hacerles una revisión de rutina.
En el mismo periodo fueron emitidas 115 recomendaciones, derivadas de las quejas por detenciones arbitrarias.
Las investigaciones realizadas por la CEDH revelan que los agentes estatales y municipales privan de la libertad a las personas, sin contar con orden expedida por la autoridad competente. Al referirse a elementos de la Dirección de Investigación de Delitos (DID), exhibe que estos hacen aprehensiones sustentadas en "órdenes de investigación", pero este documento no faculta para hacer detenciones.
También expone que la "actitud sospechosa" y las "revisiones de rutina" son pretextos de los policías para, en la mayoría de los casos, despojar a los ciudadanos de pertenencias y su libertad.
Impunes
Cese
La recomendación general pide a agentes estatales y municipales que se abstengan de detener arbitrariamente a las personas.
Calidad
