Robo. La pena que plantea para los casos en los que los afectados sean menores de 12 años es de cuatro a 10 años.
El partido Nueva Alianza considera que las autoridades, los actores políticos y la sociedad en conjunto deben actuar unidos para responder de manera responsable y contundente ante el robo y la desaparición de niños y adolescentes.
Esa fuerza política aseveró que en México, un promedio de 41 niños desaparecen cada día, por lo que en los últimos cinco años se han extraviado más de 75 mil menores de edad.
De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos son víctimas de traficantes.
Ante esta problemática el diputado Jorge Kahwagi Macari presentó una iniciativa para reformar los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También las leyes de Asistencia Social y la Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de evitar en la medida de lo posible el extravío o la sustracción de menores de edad.
Plantea además ampliar las penas de cárcel para quienes priven de la libertad con lujo de violencia a las personas y así responder a una amplia a la problemática que enfrentan muchas familias, por la desaparición de sus hijos o hermanos.
Al argumentar la propuesta, Kahwagi Macari sostuvo que los niños y adolescentes extraviados o secuestrados son víctimas propicias para el crimen organizado porque no oponen resistencia, no tienen a quién recurrir, en ocasiones no tienen noción sobre su origen ni procedencia e incluso son amenazados con causarles un mal a ellos o a sus familias.
Por ello el coordinador de Nueva Alianza propone penar con de cuatro a ocho años de prisión a quien prive a alguien de la libertad con violencia y la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad, o cuando por cualquier circunstancia la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.
La pena que plantea para los casos en los que los afectados sean menores de 12 años es de cuatro a 10 años.
Del mismo modo, que las autoridades competentes hagan los convenios necesarios para establecer un protocolo de búsqueda y localización inmediata de menores reportados como desaparecidos en centros y plazas comerciales, predios u oficinas públicas, edificios, bienes inmuebles y lotes.
El objetivo es establecer de manera inmediata el protocolo de seguridad, decretar la guardia o el cierre de las zonas de acceso y salidas del lugar hasta que se recupere al infante.
Estas normas serán registradas ante el Organismo Público del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, destaca la propuesta de Kahwagi.
La iniciativa impone la obligación para que una vez que reciba la denuncia de la desaparición de un menor de edad, el Ministerio Público inmediatamente tome las medidas urgentes para su búsqueda y localización de la persona y no esperar el plazo perentorio que ahora se impone.
Para ello actuará con la oportunidad y prontitud debida, si la representación social no acciona con la rapidez de la caso, las víctimas podrán ocurrir en queja ante el procurador quien deberá imponer al agente del Ministerio Público las sanciones administrativas y penales correspondientes por hacer caso omiso.
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