En un capítulo más de la llamada guerra de titanes, la Comisión Federal de Competencia abrió una investigación contra Telcel y la Telefónica México, es decir, Movistar, por presuntas prácticas monopólicas relativas en materia de interconexión a sus redes.
La presunción de los denunciantes, en cuyo embudo caben lo mismo filiales de Televisa que del Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, además de Axtel-Avantel y Marcatel, habla de una posible colusión entre las firmas uno y dos del país y América Latina para desplazar a la competencia.
Estaríamos hablando, pues, de la creación de un insólito cártel entre quienes en el papel eran enemigos irreconciliables: el magnate Carlos Slim y el presidente de la Telefónica México, filial de la Telefónica de España, Francisco Gil Díaz.
El nuevo capítulo llega a unos días de que la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta le aplicara la madre de todas las multas a Telcel, más de mil millones de dólares, por supuestas prácticas monopólicas relativas en el mismo capítulo.
El punto de apoyo de los denunciantes para hablar de colusión entre las firmas sería la designación como consejero del grupo financiero Inbursa, el brazo financiero del imperio Slim, de Isidro Fainé Casas, quien se desempeña, en paralelo, como vicepresidente de administración de la Telefónica.
Consejeros cruzados, pues.
De acuerdo a los denunciantes la práctica "podría tener como efecto una reducción de competencia, ya que al compartir consejeros dos o más empresas del mismo sector podrían ponerse de acuerdo con más facilidad para tomar medidas que reduzcan la competencia".
En Estados Unidos la Ley Clayton condena la posibilidad, en tanto el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido resoluciones en que se anota que "los consejeros cruzados son una fuente clara de colusión, pues permiten el intercambio de información entre competidores".
La inclusión de Fainé Casas la avala un reporte del grupo financiero Inbursa correspondiente a 2009.
De acuerdo a los denunciantes, por esas mismas fechas América Móvil, la empresa hemisférica del magnate, retiró de la dirección general de su filial Net Services a Francisco Valim, quien había sido artífice de una estrategia para competir exitosamente contra la Telefónica de España, matriz de la Telefónica México.
A partir de entonces, señala la querella, aminoró la guerra abierta entre las firmas hegemónicas, por más que está aún en el aire una resolución de la dependencia frente a una disputa entre la propia Telefónica México y Radiomóvil Dipsa, la empresa que opera Telcel, por otra supuesta práctica monopólica relativa en su modalidad de desplazamiento indebido de la competencia.
Textualmente la denuncia señala que Telcel establece tarifas de interconexión "significativamente por encima de los costos relevantes en los que incurre por proporcionar dicho servicio, con lo cual incrementa a sus competidores los costos de prestar el servicio a los usuarios finales".
La Comisión Federal de Competencia había emitido previamente un oficio de presunta responsabilidad contra Telcel.
Lo inaudito del caso es que en diciembre pasado las firmas llegaron a un acuerdo al margen del punto final del procedimiento, para fijar una tarifa para las llamadas cruzadas de sus clientes.
Ésta se fijó en 95 centavos el minuto, con el compromiso de reducirse a 64 en el 2014, lo que representaba un 120% más allá de lo que había determinado la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Los denunciantes señalan letra por letra que resulta curioso que la telefónica española "prefirió aceptar una tarifa de interconexión excesiva y que inhibe la competencia, a cambio de que su filial mexicana pueda costear su operación sin tener que recurrir al capital de su matriz".
Según ello, pues, las firmas que se habían combatido ferozmente en los tribunales y se peleaban palmo a palmo el mercado de América Latina, se volvieron aliadas. La querella incluía un estudio de la firma MandCode en el que se señala que las compañías no se atacan en su publicidad, no hay mensajes comparativos ni agresividad. Tampoco guerra de precios.
La querella tiene luz verde.
zstrong>BALANCE GENERAL
En una larga reunión con el pleno del Consejo Coordinador Empresarial el viernes pasado, el presidente Felipe Calderón eludió hablar de su propuesta, planteada en Nueva York, de llevar a Petróleos Mexicanos a los mercados bursátiles vía la colocación de acciones, aunque insistió en que es urgente asumir escenarios de "modernización" como el de Petrobras de Brasil. Sin embargo, habló de la inminente expedición de los bonos ciudadanos.
La reunión-desayuno con los 80 integrantes de la asamblea se prolongó dos horas, en un escenario en que el Ejecutivo permitió cuatro rondas de preguntas con tres participantes en cada una de ellas. El tema recurrente, naturalmente, fue la inseguridad, lo que permitió al presidente reiterar sus teorías sobre la depuración policiaca, el mando único y la bondad de su estrategia.
En el camino ofreció presionar la aprobación de las reformas de Seguridad Nacional, de Estado y Laboral. Los asistentes señalan que el Ejecutivo estaba de excelente humor.
OTRA DE PEMEX
Donde hay barruntos de rebelión es en la Cámara Nacional de Transporte de Carga, cuyo presidente, Juan Carlos Muñoz Márquez, realizó una oscura negociación con Petróleos Mexicanos para favorecer con un contrato de transporte de petrolíferos a 154 empresas del ramo.
El problema es que éstas debieron pagar dos millones de dólares, según ello para solventar los gastos operativos de la gestión.
Estamos hablando, al parecer, del pago a "coyotes" que, según ello, habían sido exterminados por la paraestatal.
Desde otro ángulo, el directivo les está cobrando 10% de "comisión" a las empresas que logren cobrar facturas por pagos retroactivos de la paraestatal, cuya antigüedad se remonta a 2009. Estamos hablando de cientos de millones de pesos.
La empresa pública había ofrecido actualizar sus tarifas en forma cuatrimestral desde finales de 2009, haciéndolo sólo en el caso de los carrotanque.
El reclamo, pues, es por el monto retroactivo.
Se dice, además, que el puesto lo utiliza el actual presidente de la Canacar como trampolín político para alcanzar una diputación por el PAN en la próxima legislatura, por un distrito de Guanajuato.
COCA-COLA NO SABE
Aunque la filial de The Coca-Cola Company en México afirma haber cumplido fehacientemente con todas sus obligaciones en tiempo y forma, por lo que no existe ninguna conducta ilícita que investigar o perseguir, señala no haber sido notificada hasta ayer de ninguna auditoría fiscal en su contra.
En paralelo, se aduce que el denunciante, su exejecutivo Ángel Alvarado Agüero, ha iniciado diversas e infundadas acciones legales en contra de la empresa, ya de carácter penal, laboral y civil, ninguna de las cuales tiene sustento jurídico.
Las acciones, se señala, se han ido presentando durante cuatro años en forma sucesiva; es decir, cuando concluye una en favor de la empresa se presenta otra.
Según ello, Alvarado está buscando un beneficio que no le corresponde por derecho.
