Nueva regulación. Estados Unidos podría aumentar su fiscalización a otras naciones.
El sistema financiero del país y empresas mexicanas podrían verse impactadas negativamente por una regulación en Estados Unidos que busca ampliar su brazo fiscalizador hacia aquellas naciones donde sus ciudadanos tienen recursos, y que estará vigente desde enero de 2013.
El socio líder de la Práctica de Impuestos para el Sector Financiero en México, Óscar Ortiz, consideró relevante que las entidades financieras empiecen a analizar cómo aplicarán el Foreign Account Tax Compliance Act, porque de no hacerlo podrían tener problemas en sus operaciones en Estados Unidos. El Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, por sus siglas en inglés), es una ley promulgada en marzo de 2010 y tiene como finalidad facilitar la fiscalización y el gravamen de contribuyentes norteamericanos aun cuando las ganancias o recursos sean obtenidos por inversiones en el extranjero.
"Busca identificar a los ciudadanos y residentes norteamericanos que tienen dinero fuera de su país, y el lugar donde lo tienen, por medio de la colaboración con entidades financieras, que deberán reportar sus hallazgos al fisco de Estados Unidos, en los que se podrá ver si efectivamente se está declarando lo justo", detalló.
La base de dicha legislación es una penalización de 30 por ciento para aquel estadounidense que haya recibido algún beneficio económico en cualquier país, sin declararlo en Estados Unidos.
Adicionalmente, ese costo podría asumirlo la institución financiera o empresarial de la nación donde los haya obtenido, siempre y cuando esa institución se haya sumado al FACTA, y omita reportar la operación. Explicó que esta regulación surge en el marco del análisis que hace el Gobierno estadounidense de la posibilidad de que algunos de sus contribuyentes (personas o entidades) manejen ilícitamente dinero a través de opciones financieras en el extranjero.
En una reunión con medios, Óscar Ortiz comentó que para la aplicación de esta nueva regulación las instituciones financieras y empresas tendrán que realizar inversiones cuantiosas para adecuar sistemas, capacitar personal, reintegrar expedientes de clientes, contratos, entre otros.
Aunque es una ley estadounidense, las entidades financieras y empresariales del país se verán obligadas a sumarse a su cumplimiento, toda vez que de no hacerlo podrían poner en peligro sus operaciones en aquel país, al quedar registradas en una lista "negra", aclaró.
En este sentido, reveló que tanto la Asociación de Bancos de México (ABM) como la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), consideran sumarse a dicha regulación, por lo que ya se han acercado a las autoridades regulatorias estadounidenses para aclarar temas sobre su aplicación y que podrían representar violación a las leyes locales.
