Resulta que las exigencias que, por debajo de la mesa, está realizando el dirigente de la Unión Regional Ganadera del Sector Social no están siendo cumplidas. Es lo que lo tiene molesto; por eso arremete tan frecuentemente contra los representantes del sector.
Y es que, según cuentan al interior de su partido, el diputado federal está solicitando, entre otras cosas, una buena cantidad mensual de dinero -superior en mucho al sueldo- que iría a fondo perdido, es decir, no recuperable de ninguna manera. Lo requiere, según él, para entregar apoyos en efectivo y especie a los más necesitados de los campesinos.
Su pliego petitorio incluye que sea suavizada la exigencia de ciertas normativas para la entrega de programas para el campo, situación que resulta imposible en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, toda vez que la mayoría de los esquemas se entregan de forma conjunta con el Gobierno Federal. Es decir, pide en ese aspecto un imposible.
El otro señalamiento hacia García Barrón es en un sentido de falso compromiso. En las últimas semanas, el legislador ha criticado duramente el incumplimiento en los pagos por parte de los acopiadores de frijol, algo que, parecería, con justa razón.
No obstante, sus críticos no consideran que tenga la autoridad moral para hacerlo toda vez que, durante las reuniones preparativas para el esquema de comercialización, organizadas por Aserca, jamás se presentó. Es decir, la exigencia para que el precio fuera mayor al inicialmente propuesto nunca emanó de él; pese a su representatividad, se ausentó inexplicablemente.
Son, entonces, varias las razones por las que García Barrón arremete hoy contra las autoridades ganaderas, aunque debe tener en cuenta que son también muchos los argumentos que la parte oficial tiene para derribar sus argumentos.
Empieza a convertirse en una gran dificultad para las autoridades locales el surgimiento de personas con alguna discapacidad que solicitan recursos de diferentes formas en la vía pública.
Recientemente, un medio televisivo local mostró imágenes de un hombre con ambas piernas amputadas que, en pleno corredor vial, se movía entre los automóviles solicitando dádivas.
De acuerdo con los automovilistas, resultaba complicado apreciar su presencia, por lo que no pocos estuvieron a punto de provocarle daño con su vehículo.
Tras varios días de insistencia mediática, finalmente las autoridades lograron captarlo y ofrecerle apoyo para evitar que corra riesgo en las calles.
Sin embargo, ese es solo uno de los casos: ayer, por ejemplo, un invidente se instaló en la esquina de Zaragoza y 5 de Febrero, ofreciendo cerillos a las personas que circulaban por el sitio.
Inexperto, en varias ocasiones estuvo a punto de sufrir percances con los coches que por el sitio transitaban, creando un enorme riesgo a su integridad física y a la de los demás.
Además de la gran necesidad existente en la capital, tal situación refleja un problema de los cuerpos asistenciales para reaccionar, pues tienen que pasar varios días para que las personas sean retiradas.
Al menos en los tiempos recientes, no hay antecedente de algún juicio político al interior del Congreso local.
El amago realizado tanto por el Alcalde y Síndica de Vicente Guerrero, para una solicitud de juicio político en contra del otro, deja en evidencia la falta de capacidad para negociar y la inestabilidad que en varios ayuntamientos se presenta desde el inicio de las gestiones coalicionistas.
En este caso, la pugna pasó a ser PAN contra PRD y ha puesto a pensar a muchos de los sectores estatales, pues además de la enorme carga de trabajo que le darían a algunos actores, representa riesgos de inestabilidad.
En el caso de los diputados, quieren evitar a toda costa que el procedimiento prospere, pues permitirlo sería sentar un precedente de cara a futuros reclamos, que podrían llegar desde cualquiera de las administraciones municipales.
