La recta final de la elección por la gubernatura está sacando los “trapitos” de personas vinculados a los candidatos, o en algunos casos de los mismos aspirinos. La receta es la clásica, soltar revelaciones escandalosas cerca de la elección para que tengan mayor impacto. El PAN abrió fuego con el asunto de los negocios a nombre de Vicente Chaires, colaborador del gober con licencia Humberto Moreira y luego la agarró contra el titular del Satec, Javier Villarreal, por negocios en los que participa su concuño. En la acera de enfrente la reacción contra el panista Guillermo Anaya fue “balconear” a un operador de la UDC, que va en alianza con el PAN, como supuesto enlace con grupos criminales en Múzquiz, donde el alcalde es udecista y ha estado pegado a la campaña de don Memo.
Ya entrados en materia, ahora sale a la luz que la esposa del candidato panista compró un rancho en Durango a una fracción del valor real y que entre los vendedores estaba María del Carmen Fernández, dirigente del PAN municipal y madre de Luis Fernando Salazar, operador de campaña de don Memo y exdelegado de Sedesol. Claro que todo esto tiene su grado de “inflación”, pero el resultado es que las revelaciones han sido más atractivas que las campañas, de modo que el tema de la elección terminó por ser una competencia de tráfico de influencias o abuso de poder. El problema con este tipo de noticias es que, al salir a la luz próximo a las elecciones, se pierde credibilidad (¿cuál?) pues la movida resulta transparente, pero si se hace fuera de la temporada electoral, se corre el riesgo de perder impacto. En el fondo si todo lo que se dice es cierto, no debe importar si los escándalos surgen en campaña. Pero como en este país nunca pasa nada, los involucrados no serán castigados en caso de merecerlo y sólo pasarán un momento de escarnio público, que siempre es más tolerable cuando la cuenta bancaria es abultada , mientras el país se sigue deteriorando. Y en cuanto a las elecciones, la contienda deja de ser un debate de propuestas para convertirse en una competencia por ver quién es el más travieso.
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Si bien la alianza PAN-PRD fracasó para postular a Guillermo Anaya como candidato a gobernador en Coahuila, nuestros subagentes en la capirucha del esmog comentan que todavía hay un intento desesperado en los altos mandos de esos partidos para rescatar una candidatura de unidad. La ruta sería la declinación del menos favorecido, como sucedió en las elecciones de principios de año donde también se cayeron las alianzas, cuando en Guerrero el candidato del PAN declinó a favor del PRD y en Baja California Sur fue al revés. La estrategia surgió en Nayarit, cuando la candidata del PAN, Martha García, sugirió al PRD que su candidato declinara a su favor porque no tenía posibilidades de ganar y un frente común daría la pelea al PRI. Los del PRD dijeron que encantados de la vida, que incluso en Coahuila su candidato Genaro Fuantos declinaría a favor de don Memo, siempre y cuando en el Edomex el panista Luis Felipe Bravo Mena le alzara el brazo al perredista Alejandro Encinas. Ahí fue donde toparon con pared, porque cuando el PAN rebotó la idea en Los Pinos, el presidente Felipe Calderón dijo que “ni máiz”. Se dice que los panistas que simpatizan con la idea de la declinación todavía le hacen la lucha para convencer al “preciso” de que las declinaciones le pueden dar un calambre al PRI. En Coahuila el otro obstáculo a salvar es el de la diputada Mary Thelma Guajardo, que destruyó la alianza con el PRD y ahora ya dejó solo al pobre de don Genaro, quizá porque ya saborea un “hueso” en el gobierno de su cuate Rubén Moreira.
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Los encargados de la campaña del candidato del PRI, Rubén Moreira, salieron muy buenos para dar el “avión” a peticiones para que su jefe tenga encuentros con votantes fuera de los ambientes controlados de la campaña. Nuestros subagentes llevan semanas tratando de organizar una charla cibernética entre don Rubén y lectores de este diario, sin que nadie en la campaña logre fijar una fecha. La petición se hizo directamente al candidato en dos ocasiones y se le dio seguimiento con su coordinador de campaña, Héctor Franco, y el encargado de la agenda, Juan de León, sin ninguna respuesta. Fueron a dar hasta con el delegado del PRI, Óscar del Real, a ver si por ahí pegaba la solicitud. Por ahora se manejan tres hipótesis: la agenda del aspirino tricolor es un desorden, su equipo de campaña es un desorden o de plano, al igual que los debates, no le quieren entrar porque no tiene seguridad, y temen que sus interlocutores “se lo coman vivo”.
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En el Ayuntamiento de Torreón, el alcalde Eduardo Olmos y sus huestes le han agarrado tanto coraje a los regidores del PAN que los tienen en la “congeladora” del Cabildo y ni siquiera se dan cuenta cuando algo les puede beneficiar. Nuestros subagentes dicen que así sucedió con una propuesta del regidor Marcelo Torres para regularizar fincas que invaden terrenos municipales. El problema es añejo y hay cientos de construcciones en estas tierras que quitan certidumbre jurídica a los pobladores. La propuesta fue presentada al Cabildo donde inmediatamente los ediles del PRI la “batearon”, pero ni cuenta se dieron que don Marcelo les estaba entregando, con moñito y todo, un regalote en tiempos electorales, pues la promesa de regularizar propiedades resulta muy atractiva para los votantes. Los subagentes comentan que los tricolores están tan enchilados con los azules, porque a cada rato les balconean las barbaridades que están haciendo, que de plano la rabia los tiene ciegos.
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Las investigaciones que según esto traen la Tesorería y la Contraloría en Torreón parecen más bien petates de muerto, porque hasta ahora ninguna de las travesuras que han salido a la luz en áreas como Catastro, Parquímetros, Plazas y Mercados e Informática ha sido castigada. Como se sabe, el tesorero Pablo Chávez Rossi, investiga a las tres primeras dependencias, mientras que el contralor Lauro Villarreal, según esto, revisa el caso de Informática. Sin embargo, ninguno de los dos “investigadores” ha producido algo de sustancia, por lo que nuestros subagentes comentan que todo el borlote que quedará en unos “manotazos” contra los responsables, sin que nadie pierda el hueso. Lo interesante del asunto es que al menos dos de las áreas mencionadas, Catastro e Informática, se encuentran entrelazadas en presuntas irregularidades con los registros catastrales. Más interesante es que los titulares de Catastro, Roberto Flores, e Informática, Fernando Gallardo están ahí por ser protegidos de un cuate del alcalde Eduardo Olmos. O sea que lo más probables es que cuando don Pablo y don Lauro terminen sus pesquisas, no va a pasar nada. Otro pellizco a los intereses del pueblo y nada más.
