Como el tema de la deuda de Coahuila aparece hasta en la sopa, también figuró en el proceso que la Auditoría Superior y la Fiscalía General de Coahuila le siguen al exalcalde José Ángel Pérez, quien cuestionó que las autoridades se fueran contra él por el presunto desvío de 53 millones de pesos, pero no contra los que endrogaron al Estado. Los panistas también denuncian el proceso contra don José Ángel como una “cortina de humo”, pero lo cierto es que el exalcalde ha batallado para aclarar observaciones que hizo la Auditoría sobre la cuenta pública de 2007. De hecho, desde que los muchachos del auditor José Armando Plata señalaron que recursos para infraestructura social no se usaron en los objetivos del programa, don José Ángel y sus huestes sólo pudieron aclarar el destino de 20 millones, pero la mayor parte no pudo explicarse.
Se comenta que el dinero en cuestión se habría desviado a los sueldos y honorarios de los operadores panistas que la administración pasada metió en la nómina del Municipio y del Simas, incluyendo a personas que ni siquiera viven en Torreón pero que formaban parte de las redes de apoyo de don José Ángel en otras partes del Estado. Lo curioso es que el principal operador de estos amarres fue el entonces regidor y ahora diputado Manuel Villegas, pero éste ahora se encuentra en una posición muy cómoda, protegido por el fuero y por haberse pasado al PRI, donde lo recibieron con los brazos abiertos.
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Todos los esfuerzos de funcionarios del “Gobierno de la Gente” para menguar la millonaria deuda de Coahuila, desde maromas verbales hasta piruetas mediáticas y hacer como que no había problema, no sirvieron para nada ahora que explotó el asunto y resultó que hasta la Secretaría de Hacienda se había quedado corta con la cantidad de dinero que pidió la administración del gober con licencia Humberto Moreira. Ahora las mismas acrobacias que se usaron para negar la deuda se usan para justificarla. Por ejemplo, resulta contradictorio que el gober Jorge Torres López o el pastor de los diputados del PRI, Fernando de las Fuentes, fundamenten la deuda con el argumento de que se hizo mucha obra, pero al mismo tiempo no muestren a qué se fue cada peso. Nuestros subagentes comentan que el gober electo Rubén Moreira ya está en pláticas con bancos para ver cómo salen del hoyo y llegar a un refinanciamiento que eleve la calidad crediticia del Estado. Y es que las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s le dieron un duro golpe al gobierno estatal, al que prácticamente acusaron de haber contado mentiras, como tragedia griega. De hecho, los datos para bajar la calificación ni siquiera salieron de Saltillo, sino de Hacienda, cuyo titular, Ernesto Cordero debe estar muy feliz de sentirse reivindicado, aunque seguramente le ayudó también el haber sextuplicado su gasto en imagen, lo que demuestra que en cualquier parte se cuecen habas. El que dio ternura por su declaración sobre la baja calidad crediticia fue del curuleco del PRI, Enrique Martínez (hijo del exgober homónimo que tanto presumió la “deuda cero”), cuando dijo que la baja en la calificación era algo “normal” pues le acaba de pasar a Estados Unidos. Lo que don Enrique omitió de manera conveniente fue que a los gringos nomás los bajaron un escalón, mientras que Coahuila cayó cinco categorías y se fue a la BBB- (por no decir a otra cosa) sin tocar baranda. Esto significa que el Estado se encuentra a un paso de que su calidad crediticia sea considerada “chatarra” (tipo la de Grecia), lo cual sería una advertencia para que cueste caro prestarle al gobierno de Coahuila. Menudo paquete le dejaron a don Rubén y su problema ahora es encontrar un banco que preste 33 mil millones de pesillos y con buenas condiciones. Por lo pronto, las malas lenguas ya empezaron a hablar del último programa de don Humberto: La Deuda de la Gente.
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Siguiendo con este tema, nuestros subagentes dicen que la salida de Javier Villarreal del Satec fue operada directamente por el gober electo Rubén Moreira, que mandó de relevo a Ismael Ramos Flores, hombre de todas sus confianzas. Pero también se comenta que la destitución no significa el fin de los problemas para don Javier, un personaje polémico durante la pasada campaña, al ser acusado por el PAN de enriquecimiento ilícito y de falsificar autorizaciones del Congreso para pedir créditos. Quien fuera el principal operador financiero del actual gobierno estatal podría estar tranquilo con el hecho de que la Fiscalía General del Estado va a congelar las denuncias presentadas por el PAN, pero en la capirucha del esmog ya se comenta que la Procuraduría Fiscal le tiene abierto un expediente por fraude si es que se comprueba que los supuestos decretos falsos del Congreso fueron usados para pedir la autorización de Hacienda en la contratación de créditos. Dicen los subagentes que la única manera en que don Javier va a salvarse de ésa es si el jefazo del PRI, Humberto Moreira, negocia su pellejo con le Gobierno Federal. El problema para don Humberto, dicen por ahí, es que los propias priistas no están muy contentos con el borlote armado en Coahuila y es posible que le vayan a amarrar las manos a la hora de negociar el presupuesto federal del año que entra. ¿Será?
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Nuestros subagentes en la Presidencia Municipal reportan que el director de Informática, Fernando Gallardo, no sólo está haciendo estragos en la Tesorería, lo que ha provocado varias veces la caída en el sistema de pagos, sino que también le ha metido mano al control de los semáforos. Se dice que don Fernando, en concierto con el director de Desarrollo Urbano, cambiaron al personal que maneja los semáforos para poner en su lugar a gente “de confianza”. Según los subagentes, el jefazo de Informática no ha permitido que nadie más que él le meta mano al sistema, con los resultados ya conocidos por todos los automovilistas de Torreón, pues los semáforos son un desastre. Como se había comentado, los subagentes sospechan que don Fernando está tumbando a propósito el sistema de la Tesorería para que le autoricen el cambio de software y se los pueda comprar a sus cuates, pero ahora también se preguntan si no pretende hacer lo mismo en Ingeniería Vial. Mientras tanto, la investigación que, según esto, lleva a cabo el contralor Lauro Villarreal sobre la compra de equipo de impresión a sobreprecio duerme el sueño de los justos. ¿Por instrucciones de quién?
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Patricia Flores Elizondo, quien fuera llamada la “vicepresidenta” en sus tiempos de Jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, ya está grillando de tiempo completo en Durango en busca de la candidatura del PAN al Senado, pero en el horizonte le aparecen algunos nubarrones. Doña Patricia, que heredó las redes políticas de su tío el excandidato a gobernador Rodolfo Elizondo, ya había declarado sus intenciones de buscar un escaño junto con el expriista José Rosas Aispuro, quien perdió por un pelo la gubernatura el año pasado y anda buscando premio de consolación. Pero lo importante para la exfuncionaria es asegurar el primer lugar en la fórmula que le daría entrada al Senado aún perdiendo, por ser primera minoría. Así tendría asegurado el fuero para enfrentar el cochinero de la Estela de Luz, el polémico monumento para celebrar el Bicentenario que se ha visto envuelto en una estela de corrupción. Se dice que doña Patricia está en la fea lista de personas involucradas en la asignación de los contratos a las empresas que no han hecho nada más que elevar el precio de la obra y aplazar su terminación. Quizá también a esto se deba el estratégico “tubo” por el que mandó al secretario de Educación, Alonso Lujambio en el apoyo a sus aspiraciones presidenciales, para declararle su adhesión a la diputada Josefina Vázquez Mota que tiene más posibilidades de ganar la candidatura que el engominado funcionario. Con estos antecedentes, no cabe duda que la grilla panista en Durango se va a poner buena el próximo año.
