Los gobernadores de Coahuila, Jorge Torres y Rubén Moreira, y de Durango, Jorge Herrera, llegaron el miércoles a la Secretaría de Gobernación muy y entusiasmados por el anuncio de un nuevo (¿oootro?) operativo contra el crimen en La Laguna. Después de expresar los parabienes por tal iniciativa y prometer su absoluta colaboración, vino el turno del jefazo de Gobernación, Francisco Blake, quien les dio una dosis de realidad al anunciar que en el paquete del operativo “Laguna Segura” venía más tarea para ellos que para el Gobierno Federal. Dicen nuestros subagentes que los arquitectos del plan en el gabinete de seguridad insistieron en condicionar el apoyo a la depuración de las policías locales, una labor en la que, salvo el caso de Torreón, van bastante atrasados.
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Por lo que se vio en el anuncio, a los dos Jorges les pasó de noche el trabajo que deben hacer sus administraciones. En el caso del coahuilense Jorge Torres, quizá porque en mes y medio se va para su casa, y en el del duranguense Jorge Herrera, a lo mejor porque no parece muy interesado en el asunto. El único que parece haber leído bien la situación fue don Rubén, al hacer propuestas más allá del operativo, enfocadas en el combate a actividades comerciales ligadas con el crimen organizado, aunque claro está que una cosa es decirlo como gober electo y otra muy distinta es hacerlo una vez que se siente en el Palacio Rosa. Por lo pronto, se ve que los estados y municipios tendrán bastante tarea para limpiar la casa porque en Coahuila y Durango, las policías estatales con frecuencia estorban más de lo que sirven y a veces parecen ser parte del problema y no de la solución. En el caso de las policías municipales, del lado de Coahuila han nadado de “muertito” con la depuración de agentes en municipios pequeños como Matamoros, Madero y San Pedro, que están completamente corrompidas. Del lado de Durango, Gómez Palacio tiene unos controles muy relajados y constantes quejas contra los policías, mientras que en Lerdo la depuración acaba de correr por cuenta del Gobierno Federal, que arraigó a más de 20 agentes de Seguridad Pública, incluyendo a los altos mandos. Por supuesto nadie reconoce que esta situación es una de las causas del avance de los grupos criminales y por eso las condiciones de la Federación debieron caer como balde de agua fría porque resultó que el operativo será de tiempo limitado. A ver si aquí las autoridades locales se ponen las pilas o de lo contrario en seis meses vamos a estar en las mismas.
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La decisión del comité nacional del PAN sobre los métodos de elección de sus candidatos a diputados y senadores el próximo año arrojó diferentes resultados en la Comarca Lagunera. Mientras que en Coahuila los abanderados serán escogidos por la militancia en elecciones abiertas, en Durango se requirió el “dedazo” de las oficinas centrales. Dicen nuestros subagentes que, bajo la lógica de favorecer la precandidatura de Ernesto Cordero, se determinó que en Coahuila el exsecretario de Hacienda ha generado los amarres necesarios entre los principales operadores, de manera tal que una elección abierta de candidatos terminará por beneficiar a los que anden en su rebaño, como el curuleco Jesús Ramírez Rangel o el delegado de la SCT, Jesús de León o incluso el mismo senador y primer compadre, Guillermo Anaya, que pese a no haber declarado su apoyo a don Ernesto, le está haciendo “ojitos”. Claro que esto pudiera cambiar si Josefina Vázquez Mota suma más apoyos, pero hasta ahora su operación en el Estado no ha sido tan activa. No es el caso de Durango, en donde doña Josefina trae una artillería más pesada, con el apoyo de la exdiputada Salomé Elyd de Katsicas en La Laguna y de la exjefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo en Durango. Como del lado de don Ernesto van Juan de Dios y Rosario Castro Lozano, junto al expriista José Rosas Aispuro, se anticipa una fuerte pelea de los grupos por escaños y curules, por lo que el mando panista decidió pararlos en seco. Por lo tanto, la clave de esta contienda estará en la capacidad de “grilla” de estos actores en el comité nacional.
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Los líos del “tesorito” Pablo Chávez Rossique con el Cabildo de Torreón han cobrado renovado impulso con el proyecto de Ley de Ingresos que propone recortar los estímulos a contribuyentes cumplidos, pero no contempla “mano dura” contra los deudores históricos. El conflicto llegó a tal grado que empezaron a volar los calificativos. Lo más amable que le dijo el priista José Ganem fue calificar su proyecto de “irracional”, pero la síndico panista Natalia Virgil de plano le dijo que estaba “loco”. A reserva de juzgar las facultades mentales del tesorero, nuestros subagentes señalan que don Pablo ya de plano decidió ignorar a los regidores, hacer su propuesta y esperar a que se la cambien para que luego él pueda culpar a los ediles de la baja recaudación. Obviamente los miembros del Cabildo tomaron esta oportunidad como una nueva arma contra el tesorero para ver si el alcalde Eduardo Olmos lo quita de una vez por todas, cosa que don Lalo hasta ahora no se ha mostrado dispuesto a hacer. Dicen los subagentes que al alcalde lo tienen sin cuidado las opiniones del Cabildo sobre el tesorero, pero lo cierto es que tampoco ha mandado una instrucción precisa sobre la forma en que se manejan las finanzas municipales. El Municipio carece de una política integral de recaudación que premie a los cumplidos y castigue a los morosos, pero tampoco tiene una política racional de gasto, pues la nómina continúa “inflada” y quién sabe qué hicieron con el resto del dinero, porque ya no hay para pagarle a nadie. Dicen que sólo parte de esto es causado por lo que debe el Estado, pero que el verdadero responsable del gasto desordenado es el contralor Lauro Villarreal, que no parece controlar nada, pero que sigue muy seguro en su puesto. Se comenta que el alcalde nomás está aguantando los trancazos para cerrar el año con la esperanza de que en 2012, con la temporada electoral y el nuevo Gobierno Estatal, va a caer más dinero a las arcas municipales. ¿Será?
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Y es que, contra las especulaciones de que Eduardo Olmos dejaría la alcaldía el próximo año para lanzarse de candidato al Senado, los últimos vientos políticos que soplan desde la peronera capital indican que la cosa no va por ahí. Dicen nuestros subagentes que don Lalo se quedaría a terminar su mandato, apuntalado por la administración del gober Rubén Moreira con el financiamiento necesario para terminar proyectos pendientes. Esto significaría, como se ha comentado, que la carta lagunera para el Senado recaerá en el exalcalde Braulio Fernández Aguirre, el vicegober Miguel Ángel Riquelme, o el curuleco Salomón Juan Marcos. Pero la grilla va más allá de 2012, al año siguiente, cuando se renovará la alcaldía de Torreón. Si antes se pensaba que don Miguel entraría de alcalde interino, ahora resulta que la contienda por la presidencia municipal estará abierta entre el todavía titular de Desarrollo Regional y el futuro diputado Antonio Juan Marcos. Claro que falta mucho para esa decisión, pero la grilla empezó desde ahorita.
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Muchos de estos cálculos electorales seguramente serán tema de conversación, al amparo de un buen sushi, entre el gober electo Rubén Moreira, el alcalde Olmos y el vicegober Riquelme, que ayer empezaron su periplo a Japón. Don Rubén mandó una aclaración a nuestros subagentes que consta de dos partes. Uno, que él mismo pagará el gasto de su viaje, por lo que no irá a costa del erario. Dos, que el líder de la CTM, Tereso Medina, no va en “calidad de bulto”, como aquí se señaló, sino porque su presencia ante empresarios japoneses será una forma de demostrar que en Coahuila hay un clima laboral propicio. Don Rubén también pidió no andar amarrando navajas entre Saltillo y Torreón a raíz de las diferencias en los montos de inversión que han llegado en los últimos años, porque eso no ayuda al desarrollo del Estado. A pesar de que los números son contundentes en este sentido, aquí queda la aclaración.
