Ahora que está de moda la “República Amorosa”, resulta que el amor se aplica en diferentes grados. Al menos así lo muestran las diferencias entre Coahuila y Durango en el Presupuesto federal de 2012. La cuestión es que la propuesta original que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados planteaba dar más a Durango que a Coahuila, pese a la diferencia de población, y mientras que a la primera entidad le aumentaba los recursos, a la segunda se los bajaba. Nuestros subagentes no han podido determinar si esto se debió a que el coahuilense Humberto Moreira se la pasa agarrado de la greña con el Gobierno Federal, ya sea como gobernador o dirigente del PRI, mientras el gober de Durango, Jorge Herrera Caldera, le hace “cariñitos” verbales a la Federación y no se mete en broncas.
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Otra hipótesis es que, con el escándalo de la deuda, la Secretaría de Hacienda ya conoce bien la forma en que el dinero público se gasta en Coahuila. El caso es que para el próximo año Hacienda presupuestó 2 mil 500 millones a Durango y sólo mil 300 a Coahuila, cifras que luego fueron abultadas por los diputados. Al final, Durango presumió más de 7 mil millones de presupuesto, mientras que para Coahuila fueron más de 6 mil y aunque la diferencia es significativa, las malas lenguas comentan que los duranguenses metieron en la bolsa rubros que ya estaban etiquetados y que no contaban. Sin embargo, quedó en el ambiente la impresión de que hubo un “castigo” de Hacienda para el “Gobierno de la Gente” que dejó un piso muy bajo desde el cual el gober electo Rubén Moreira y los diputados no pudieron negociar un aumento significativo, sino apenas similar al monto de este año. Y también se comenta que en la Cámara no había mucho interés por sacar a Coahuila del “atorón” financiero. Esto seguramente complicará el panorama para el primer año de don Rubén, que ahora busca dinero hasta debajo de las piedras, exprimiendo a los ciudadanos en muchos servicios que antes eran gratuitos o por lo menos baratos. Esta es la consecuencia de los oscuros manejos del gasto público hechos durante la actual administración estatal. Desafortunadamente, los descuentos del “Buen Fin” no aplican para la deuda de Coahuila.
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Una reforma a la Constitución de Coahuila llamó la atención en el mundo de la grilla y la abogacía local pues parece salida de la nada. Se trata de un cambio a la fracción 24 del artículo 82 que modifica las atribuciones del gobernador para indultos a sentenciados y conmutaciones de penas. La reforma dejó en poder del gobernador del Estado sólo los indultos y endosó la responsabilidad de conmutar una sentencia al Poder Judicial. Si bien la diferencia entre estas figuras jurídicas es técnica (el indulto implica el perdón absoluto y la conmutación reduce o anula la pena de cárcel), las malas lenguas vieron en esta reforma una relación con el proceso judicial que se sigue en torno a la deuda de Coahuila. Dicen por ahí que la decisión de otorgar al Poder Judicial la facultad de modificar la duración de las penas se tomó en anticipación a una sentencia contra los funcionarios del Satec, encabezados por el exzar financiero Javier Villarreal, actualmente sujetos a proceso por la falsificación de documentos para contratar créditos. El objetivo sería salvar al gober Rubén Moreira del embarazoso trámite de soltar a don Javier y compañía, endosándole al Poder Judicial la conmutación de la sentencia para que puedan quedar libres, con el argumento de la división de poderes. Esto dicen los más mal pensados, pero hay quienes dicen que don Rubén no traga al exjefe del Satec y probablemente no se aventaría el “tiro” de dejarlo libre si eso le representa un problema político. De cualquier manera, la reforma constitucional ahí está para lo que se ofrezca.
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Se comentaba en este espacio el otro día la necesidad de que el nuevo secretario de Gobernación diera seguimiento al problema de seguridad en La Laguna y garantizara la continuidad del operativo “Laguna Segura” armado en la oficina de Francisco Blake tres semanas antes de su trágica muerte. Según nuestros subagentes, la llegada de Alejandro Poiré a Bucareli es una buena señal en este sentido, pues el nuevo jefazo de Gobernación lleva varios meses empapándose discretamente de la situación en la Comarca. Dicen los subagentes que en los últimos meses, sobre todo después de la balacera afuera del Territorio Santos Modelo en agosto pasado, don Alejandro se ocupó de informarse de lo que pasaba en La Laguna, desde su puesto como vocero de seguridad nacional y luego como director del Cisen, incluso después de que la tragedia en el Casino Royale absorbió la atención del Gobierno Federal. Con este antecedente, se espera que el flamante secretario vaya a estar al pendiente de lo que pasa en estos lares.
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Para abultar la lista de sospechosos que podrían llegar a la Secretaría de Gobernación, algunos analistas de café soltaron el nombre del Embajador en España Jorge Zermeño. Aunque el exalcalde de Torreón nunca fue considerado seriamente por el Presidente Felipe Calderón, según nuestros subagentes, el hecho de que su nombre flotara brevemente en el ambiente político le habría ayudado a preparar su regreso de la Madre Patria después de cuatro años como embajador. Dicen que don Jorge ya está haciendo maletas y sería apuntado como candidato al Senado, donde ya cobró entre 2000 y 2006. Se comenta que su hijo Alfonso Zermeño habría comunicado estas intenciones a los más cercanos de su grupo político en Torreón, aunque faltaría por definir si don Jorge va como candidato en la elección o anotado en la lista de plurinominales, lo cual le evitaría el engorroso trámite de hacer campaña. Este prospecto trae temblando a otros suspirantes como Jesús Ramírez o Luis Fernando Salazar, sobre todo porque si el diplomático se va de candidato por mayoría, el segundo lugar de la fórmula cubriría una cuota de género para lanzar a la diputada Tomasa Vives. ¿Será?
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Nuestros subagentes comentan que la Secretaría de Desarrollo Regional que hoy comanda Miguel Ángel Riquelme vive ya sus últimas semanas de agonía y que su desaparición de espera para los primeros días del próximo gobierno. A pesar de que la vicegubernatura fue incluida en el presupuesto estatal de 2012, su gasto quedó recortado a la mitad y se espera que sus funciones sean absorbidas por dependencias en la peronera capital que funcionarían aquí en una oficina descentralizada. La Secretaría de Obras Públicas, que estará a cargo de María Esther Monsiváis, se hará cargo de la ejecución de las obras, lo cual es una mala noticia según nuestros subagentes, que no han podido encontrar un ápice se simpatía de doña Marucha hacia La Laguna, que por alguna razón extraña se le atraviesa. Otras funciones serán absorbidas por la nueva secretaría de Desarrollo Urbano que quedará a cargo de Óscar Pimentel, mientras que el esquema de fomento económico cambiará radicalmente con la llegada de Javier Guerrero a esta cartera. Al parecer sólo quedará suelta la subsecretaría de Desarrollo Social, que seguiría operando los programas y la clientela priista. A final de cuentas, el experimento cuyo objetivo original era meterle una “cuña” al PAN y darle visibilidad al hoy alcalde Eduardo Olmos, y que fue defendido hasta en la Suprema Corte, habrá durado menos de cinco años antes de sufrir una muerte en la más absoluta pobreza, pues ya se quedó sin dinero.
