Derrotada su estrategia para descarrilar la posibilidad de un concurso mercantil con salida preacordada a favor del Grupo Vitro, los llamados fondos "buitre" podrían enfrentar, en el revire de la principal fabricante de vidrio en México, una multimillonaria demanda por daños y perjuicios
De acuerdo con la Ley, el monto de ésta podría oscilar entre 300 y 700 millones de dólares, considerando en el primer caso 20% de la deuda bursátil de la firma, cuyo monto alcanza mil 500 millones de billetes verdes, y en el segundo el débito total de ésta, de 3 mil 400.
En el reacomodo de sus fichas, por lo pronto, los fondos Moneda Deuda Latinoamericana, Brookville, Davidson Kempner, Distressed Opportunities y Knighthead, quienes adquirieron un segmento minoritario de una emisión de bonos de deuda pagando 12 centavos por dólar, ya despidieron al despacho que los representaba en el país.
ESTAMOS HABLANDO DE WHITE AND CASE
La paradoja del caso es que el resto de su equipo jurídico sigue insistiendo en que sus representados fueron objeto de una "chicana", al aceptar un tribunal de apelaciones que se integraran a la masa del concurso mercantil las deudas intercompañías de Vitro, calculadas en mil 900 millones de dólares.
Según ello, la maniobra le permitió a la firma con sede central en Monterrey maniobrar para lograr un consentimiento mayoritario a favor de la reestructura.
El alegato estéril lo plasmó el 31 de marzo pasado el abogado José Ángel Guerra Méndez ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo con sede en Monterrey, señalando a la letra que "los créditos existentes a favor de sociedades controladas no son susceptibles de ser considerados como créditos para efectos del concurso mercantil de su sociedad controladora".
Más aún, se presumía que "bastaría con confeccionar suficientes créditos a cargo de la sociedad controladora para impedir la recuperación de los acreedores de menor grado o para evadir los efectos inherentes a la enajenación del activo de la sociedad controladora".
Lo curioso del caso es que el despacho del litigante utilizó esos mismos argumentos, sólo que en sentido inverso, para lograr un concurso mercantil con acuerdo previo de sus acreedores a favor del Grupo Agromex, propietario, entre otras, de la firma productora de fertilizantes Agronitrogenados.
En este escenario, la inclusión de los créditos intercompañías permitió que al final del día se aceptara una quita general, es decir, borrar del mapa 82% del valor de las deudas, con la novedad de que éstas se cobrarán en cinco años.
En el caso de Vitro la quita fue de sólo el 30%, es decir, los acreedores recuperarán 70% de sus débitos, teniendo prerrelación las cuentas externas, o si lo prefiere al último se pagarán las deudas intercompañías.
Las deudas intercompañía incluidas en la masa del concurso mercantil del Grupo Agromex, filial del Grupo Acerero del Norte, encabezado por Alonso Ancira, alcanzaban el 52.13% de la deuda global.
En la suma estaban empresas como Coahuila Industrial Minera, Agro Administración, Agro Inmuebles, Agro Química, Coahuila Industrial Minera (antes Fuji Bank); Coahuila Industrial Minera (antes Petroquímica Cosoleacaque), Grupo Agromex y Promotora de Vivienda de México.
¿EN UN CASO NO Y EN OTRO SÍ?
Lo cierto es que el periplo de Vitro, en cuyo marco se plantearon un ramillete de demandas tanto en Estados Unidos como en México, que una a una se fueron cayendo, queda en los anales como lección frente a los embates de fondos que pretenden lucrar con la tragedia de las firmas nacionales, comprando en centavos para cobrar en pesos.
Como usted sabe, la firma centenaria de la familia González Sada fue arrollada por la crisis de 2008, en cuyo marco se abatió la producción automotriz, la construcción y el consumo.
La bala le pasó rozando.
BALANCE GENERAL
Ocupado su tiempo en la promoción de desplegados de apoyo al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para abanderar al Partido Acción Nacional en la pelea por la "grande", al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ya le cayó encima otro amparo en su pretensión de despojar de agua a la fértil zona del Valle del Yaqui para llevarla a Hermosillo.
Este fue promovido por las propias tribus yaquis.
La demanda de protección de la justicia contra la construcción de un acueducto que transportaría agua de la Presa "El Novillo", concedida por el juez Décimo de Distrito con sede en Hermosillo, Érick Bustamante Espinoza, se sustenta en que la etnia no fue consultada para la realización de la obra.
De acuerdo a un decreto presidencial firmado en 1940, los gobiernos federal y local están obligados a consultar al Consejo Supremo Yaqui para suspender o modificar el flujo de agua que les corresponde. La omisión corrió a cargo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los yaquis, en el pasado, han permitido desviar agua hacia Guaymas, Empalme y San Ignacio Río Muerto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes.
De desacatar el amparo, el gobernador sería el tercero en la lista... por más que en este caso, otra vez, la orden judicial habla de recurrir a la fuerza pública.
SE ADELANTÓ SCT
A iniciativa del diputado perredista Francisco Hernández Juárez, la Comisión Permanente del Congreso tenía listo el viernes de la semana pasada un proyecto de dictamen para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir a cabalidad el mandato de un tribunal colegiado de responder de inmediato a la solicitud de Teléfonos de México de permitirle incursionar en audio y video restringidos.
El texto señalaba letra por letra que "la Comisión Permanente exhorta al titular de la SCT a que dé contestación a la solicitud hecha por Teléfonos de México para que se modifique su título de concesión en términos del acuerdo de convergencia de servicios fijos en telefonía local, televisión y audio restringidos, que se proporciona a través de redes alámbricas".
Como usted sabe, la respuesta de la SCT llegó el viernes por la tarde.
TODOS CONTRA TELMEX
Unidas en la causa común contra Teléfonos de México, las firmas de telefonía fija y de venta de tarjetas de prepago para llamadas de larga distancia, Axtel-Avantel y Marcatel, están exigiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no aceptar solicitud alguna de modificación al título de concesión con que opera la firma de Carlos Slim hasta no desahogarse las demandas interpuestas en su contra.
El hilo conductor es que Telmex interrumpió durante semanas las llamadas de sus clientes vía una grabación en la que les comunicaba que una y otra firmas no estaban al corriente de sus pagos de interconexión.
De acuerdo a la óptica de las quejosas, la intromisión se debe considerar como ataque a las vías generales de comunicación.
albertobach@yahoo.com.mx
