La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) insiste en las bondades de evaluar el desempeño del Gobierno para mejorar su efectividad y eficiencia.
El Gobierno cumple un papel importante cuando dedica sus esfuerzos a proveer servicios que el sector privado no suministra y cuando aplica regulaciones que facilitan la operación de los mercados.
Muchas veces, sin embargo, se pasa de la raya cuando con fines políticos y electorales ofrece un reparto de "derechos" sociales y del ingreso, sin consideración alguna de los mecanismos sanos para su financiamiento.
La gran recesión que estalló en Estados Unidos en 2008 y la crisis financiera subsecuente exhibieron los graves problemas de deuda pública en varios países, principalmente en la Eurozona, donde los recursos se utilizaron para ejercer un gasto público ineficiente y populista.
México tiene un gasto público como porcentaje del PIB por debajo del promedio de los países de la OCDE y pareciera que está lejos de caer en problemas de deuda soberana parecidos a los que hoy enfrentan economías como Grecia, Portugal, Italia y España.
No se necesita mucho, sin embargo, para que impere el desorden. Más aun cuando en años recientes el gasto público ha crecido substancialmente y existen muchos compromisos de gasto social vinculado a los contratos colectivos de las empresas estatales, en especial el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En efecto, el gasto público neto pagado en México ha venido creciendo significativamente en los últimos 11 años, pasando del 19.5 por ciento del PIB en 2000 a 25.5 por ciento en 2010. En ese mismo periodo se observa que cada año, a excepción de 2001, el gasto público ejercido superó en por lo menos 5 por ciento (21 por ciento en 2006) el propuesto en Criterios Generales de Política Económica (CGPE).
Ese patrón de comportamiento no cambió este año. El gasto público ejercido lo conoceremos hasta el 2012, pero todo indica que volverá a superar el propuesto en CGPE y será incluso mayor al aprobado por el Congreso.
El presupuesto del año próximo apunta en la misma dirección, con otro incremento del gasto público. Por lo pronto, en el Paquete Económico Aprobado ya se incluyeron cerca de 100 mil millones de pesos más de lo propuesto en CGPE para 2012.
Ese incremento acelerado del gasto público ha sido bastante ineficiente, puesto que no contribuyó al crecimiento de la economía. En todo caso sucedió lo contrario. El ritmo de actividad económica en las dos administraciones recientes ha dejado mucho que desear. El PIB real total creció apenas 1.6% en promedio anual de 2000 a 2010.
¿Cómo ha financiado el Gobierno este dispendio? La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la obligación de un balance público en equilibrio, y si bien cada año desde 1997, a excepción de 2006 y 2007, hay salvedades que llevan a un déficit presupuestario y a más deuda, ésta no ha sido la principal fuente de financiamiento del mayor gasto.
Pero entonces, ¿de dónde provienen los recursos para financiar un gasto público que creció 5.5% real en promedio anual en la década pasada?
Los recursos para la expansión del gasto público en la década reciente vinieron, en gran medida, de los ingresos petroleros. Por ejemplo, la administración del presidente Calderón ha recibido 164 mil millones de dólares adicionales a los que recibió el gobierno de Zedillo en el mismo lapso.
Este flujo extraordinario se ha destinado al gasto público, en vez de a un fondo de estabilización de largo plazo, como lo han hecho países como Noruega.
La voracidad de gasto de Calderón, sin embargo, no se limitó a dilapidar los ingresos petroleros, sino que recurrió además a un aumento de los impuestos. Nos endilgó el bodrio del Impuesto Empresarial a Tasa Única, elevó a 30 por ciento la tasa marginal máxima del Impuesto Sobre la Renta y se ensañó con los perceptores de ingresos por intereses, al negarles la devolución de impuestos retenidos aun cuando no hayan recibido ingresos.
El gran problema es que ahora nos encontramos en un nivel más elevado de gasto público, financiado en mucho por ingresos extraordinarios y no necesariamente recurrentes, mientras que brilla por su ausencia la tan mencionada reforma tributaria que permitiría obtener mayores ingresos duraderos.
Por ahora, los niveles de gasto, déficit y deuda del sector público mexicano son manejables y no representan un riesgo inminente para la estabilidad económica.
No obstante, si queremos evitar la suerte de las economías europeas, tenemos que reconocer que el nivel del gasto y su ritmo de crecimiento no podrán sostenerse descansando en los ingresos extraordinarios del petróleo y en la invención de impuestos que sólo distorsionan más el sistema tributario.
