Rubén Moreira tomó protesta como gobernador de Coahuila el pasado jueves y en su primer discurso afirmó que en este estado los sueños se hacen realidad, sin embargo omitió hablar de la deuda pública de más de 33 mil millones de pesos que enfrenta la entidad.
Por el contrario se comprometió a tener un gobierno austero y anunció que reducirá los sueldos de los altos funcionarios y aumentará las percepciones de trabajadores de la administración pública que cuentan con los salarios más bajos y que son la base del funcionamiento del Estado. Obviamente esta medida es obligada por la deuda que se debe pagar.
Pareciera que la estrategia de las autoridades es no hablar del tema como si con ello fuera a desaparecer. Es importante recordar que en noviembre en su último informe de gobierno, Jorge Torres, tampoco abundó en el tema a pesar de que se había comprometido a explicar peso por peso cómo se habían utilizado los recursos.
Para los ciudadanos de Coahuila no es suficiente que Humberto Moreira renuncie a la dirigencia nacional del PRI, ya que la medida responde más a una estrategia política para no afectar la imagen de Enrique Peña Nieto que a un interés real por rendir cuentas claras a los coahuilenses.
Es cierto que el tema fue politizado y utilizado como herramienta de golpeteo, pero la deuda ahí está y las revelaciones de la Auditoría Superior del Estado sobre que los créditos se contrataron desde 2008 no pueden ignorarse.
En su primer discurso Rubén Moreira habló de un nuevo pacto social y de poner en orden la administración estatal, sin duda un buen paso será el de contribuir a las investigaciones sobre cómo se cometió este millonario fraude.
Es cierto, Rubén Moreira llegó a la gubernatura producto de una votación histórica, pero los votos no son suficientes para conservar la legitimidad, en el ejercicio de poder el nuevo gobernador está obligado a rendir cuentas claras y sobre todo contribuir a esclarecer el tema de la deuda que tanto encono ha producido en el estado.
