Era de esperarse que el crimen del agente norteamericano Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Aduanas, trajera amplias repercusiones para las relaciones entre México y Estados Unidos ya de por sí deterioradas por el clima antiinmigrante.
La muerte del funcionario del ICE (por sus siglas en inglés), levantó de entrada un gran pesar y descontento en las altas autoridades norteamericanas, pero fue contenido o al menos disimulado ante las evidencias de que el crimen fue perpetrado por la banda de los Zetas.
En el funeral del agente Zapata, de 32 años de edad y celebrado en su ciudad natal de Brownsville, Texas, los altos funcionarios presentes elogiaron su desempeño en la lucha contra el crimen organizado y a favor de los pueblos de Estados Unidos y México.
En ningún momento se percibió algún reclamo contra las autoridades mexicanas por este atentado en donde también resultó herido el agente Víctor Ávila.
Ambos viajaban en una camioneta Suburban blindada con placas diplomáticas en la autopista de cuatro carriles de San Luis Potosí a Monterrey cuando fueron interceptados por un comando armado.
Uno de los sicarios disparó contra la camioneta dando muerte a Zapata e hiriendo al agente Ávila. No ha quedado claro el móvil del ataque porque la camioneta no fue robada pero tampoco el funcionario herido recibió el tiro de gracia como se acostumbra entre los narcotraficantes.
Fue el propio presidente Felipe Calderón quien confirmó el pasado miércoles, en su cuenta de Twitter, que el Ejército Mexicano capturó a uno de los gatilleros, presuntamente de los Zetas.
En México operan poco más de treinta agentes del ICE, entre otros funcionarios de otras dependencias de seguridad como la DEA y la CIA. Pero no se había registrado un atentado de tal naturaleza contra un miembro de la citada dependencia.
Conforme avancen las investigaciones habrá que esperar nuevas evidencias que conduzcan a esclarecer el móvil del ataque y la identidad de los atacantes, incluso si hubo elementos de algún cuerpo de seguridad mexicano que intervino en los hechos.
No es remoto pensar que algún contacto clave haya dado el "pitazo" a los Zetas sobre la ruta y posición de los agentes norteamericanos.
Las relaciones entre México y Estados Unidos marchaban razonablemente bien tras este incidente hasta el pasado martes cuando el presidente Felipe Calderón criticó severamente a las dependencias norteamericanas por su falta de coordinación e incluso su rivalidad en la lucha contra el narcotráfico.
Calderón fue muy directo al reclamar al Gobierno de Estados Unidos por no reducir el consumo de drogas ni detener el flujo de armas, ambos aspectos de evidente importancia para controlar el narcotráfico.
La respuesta provino de manera inmediata desde la Casa Blanca en donde a pocas horas del exabrupto presidencial se anunció una nueva cumbre -casi de emergencia- entre los presidente Obama y Calderón que se llevará a cabo el próximo jueves 3 de marzo en la ciudad de Washington.
Simultáneamente y a pregunta expresa, la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, se mostró decepcionada por los conceptos del presidente mexicano mismos que desmintió de manera tajante.
Como no hay mal que por bien no venga, el presidente de México tendrá ahora una brillante oportunidad para hablar de frente a Barack Obama y sus principales colaboradores para de una vez por todas intentar una estrategia común y efectiva en contra de los poderosos zares de la droga.
Claro, siempre y cuando la cúpula del poder en Washington lo permita. Lo contrario será que al mandatario mexicano le doblen las manos en la Casa Blanca y lo obliguen a aceptar mayor injerencia policiaca y militar en la lucha contra el crimen organizado al estilo del plan Colombia.
El crimen del agente Jaime Zapata podría ser el pretexto perfecto para que Estados Unidos logre su ancestral propósito: meterse a fondo en los asuntos de seguridad de México.
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