Alrededor de 55 mil elementos de las policías del país, incluyendo niveles de mando que fueron sometidos a controles de confianza, han resultado no aptos para el servicio, no cumplen con el perfil para el puesto, reveló José Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Detalló que hay un avance global de las evaluaciones de 35%, de un universo de alrededor de medio millón de efectivos que integran las fuerzas de seguridad del país, por lo que sólo 175 mil han sido evaluados.
Al respecto, el funcionario indicó que "también consideramos que ya estamos tarde en este tema, ha habido de parte del Gobierno federal los recursos, la asesoría y el acompañamiento", por lo que reiteró un "llamado enérgico a las entidades para que avancen de manera decidida".
Recordó que no se trata de un programa del presidente Felipe Calderón, sino de una obligación legal que se debe ver cristalizada en enero de 2013 "y como tal el compromiso de los gobiernos estatales es con su sociedad".
Vega Marín aceptó que hay un rezago en la aplicación de exámenes de control de confianza pues la mayoría se ha concretado desde octubre de 2011 a la fecha, reveló que "de los efectivos que han sido sometidos a esta evaluación 30% han resultado no aptos para el servicio".
Dijo que alrededor de 55 mil elementos no han aprobado los exámenes de control de confianza, y señaló que "el promedio de no aptitud se refleja en todos los niveles de las corporaciones es aproximadamente el mismo"; aunque reconoció que en el caso de los altos mandos los gobiernos estatales están avanzando de manera más rápida para certificar a sus servidores públicos hasta niveles de secretarios de seguridad pública, procuradores de justicia y secretarios de gobierno; en cinco entidades todos los mandos certificados.
Niegan maquillar cifras
En México no hay maquillaje de cifras, mucho menos ocultamiento en torno al número de muertes derivadas por la lucha contra el narcotráfico, señaló Facundo Rosas, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Destacó que se trabaja en un "sistema estadístico" que permita establecer saldos, y con ello favorecer el diseño de políticas públicas adecuadas para combatir al crimen organizado.
"México tiene cifras reales, más allá de lo que se ha dicho en algunos escenarios, yo creo que en la medida que tengamos datos más consolidados, podremos sacarlos, darlos a conocer a la comunidad pública, a ustedes por supuesto con toda puntualidad y tiene que ver con delitos de alto impacto".
Resaltó que ya se tiene un trabajo para homologar todo el trabajo que se realiza en las entidades del país para dar cifras certeras.
"Una metodología rigurosa que estamos afinando y estamos definiendo un catálogo de delitos, recuerden que hay códigos penales diferentes en cada entidad, homologarlos al modelo federal ha costado un poco de trabajo, pero se está trabajando para tener cada espacio, para cada delito y podernos medir, podernos comparar a nivel nacional e internacional".
'País, secuestrado por políticos'
En 18 estados no se ha implementado el nuevo sistema de justicia, por lo que Alejandro Martí, presidente de México SOS, exigió que los gobernadores dejen de ser un obstáculo para que se concrete; acusó que la nación y la ciudadanía está secuestrada por los intereses de una clase política antidemocrática "y corta de mira".
A la crítica se sumó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Armando Valls Hernández, quien reconoció que la aplicación del nuevo sistema de justicia penal no garantiza un estado de derecho en el país, ya que no se han efectuado los cambios estructurales, por lo que hizo un llamado a la Cámara de Diputados, para que se legisle y apruebe el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo. El debate resultó intenso en la primera jornada de trabajo del Cuarto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia: "A cuatro años de la reforma penal: lo que falta", en el que se reconoció que a mitad del camino, si bien hay resultados también existen rezagos importantes, pues sólo Chihuahua, Morelos y el Estado de México han cumplido al 100% con la implementación del sistema de justicia adversarial, que incluye los juicios orales.
Felipe Borrego Estrada, secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, recordó que es responsabilidad de los Ejecutivos y legisladores locales, y de sus poderes judiciales cumplir con la instrumentación de la reforma.
