Apertura. Las quejas ante la CEDH se pueden hacer en forma personal, por escrito, vía telefónica, de oficio, al teléfono de guardia, correo y fax.
El siglo de durango
A pesar de las diferentes alternativas que existen para que los ciudadanos presenten sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), nada da mayor certidumbre que hacerlo de manera personal.
En este sentido, de las 746 denuncias que en 2011 fueron presentadas ante dicho organismo no gubernamental, 578 se entregaron de forma personal, lo que representa el 78 por ciento.
La CEDH en su estadística tiene un registro de siete modalidades distintas, por las cuales se recibieron las quejas por parte de los ciudadanos. En forma personal, por escrito, vía telefónica, de oficio, al teléfono de guardia, correo y fax.
En este sentido, después de las quejas recibidas de forma personal, las que se entregan por escrito son las que se presentaron en mayor número, con un total de 67 casos, siendo apenas el 9 por ciento del total de denuncias recibidas.
Por la vía telefónica fueron 54 los señalamientos que se hicieron, mientras que de oficio se registran 43 casos.
Al teléfono de guardia (un número celular que se emplea cuando no hay personal que atienda en oficinas) se presentaron apenas dos acusaciones.
Asimismo, por vía correo y fax se presentó una queja respectivamente, lo que deja ver la marcada preferencia de presentarse ante la Comisión de manera personal.
TEMPORALIDAD
En base a las mismas estadísticas que ofrece Derechos Humanos, los meses con mayor registro de quejas durante 2011 fueron junio y agosto, con 87 denuncias en cada caso.
Luego está septiembre, con 80 quejas, seguido de marzo y mayo, con 75 casos en cada caso.
Durante octubre se presentaron 63; en enero, 55; en noviembre, 53; en febrero, 50 y en abril 45.
Mientras tanto, los meses con menor índice de quejas fueron julio, con 40 denuncias y diciembre con 36.
Cabe recordar que la CEDH se encarga de atender las quejas relacionadas con acciones u omisiones provenientes de los servidores públicos estatales y municipales que violen los derechos de las personas.
Para ello se procede con investigaciones y procedimientos a fin de comprobar el hecho y proceder en contra del imputado.
