El Trife decidió -en la madrugada del 5 de mayo y en ausencia de tres de sus integrantes- que el IFE no debía presentar ninguna tendencia electoral en la noche de las elecciones. De ser así, el 1 de julio nos iremos a dormir sin que la autoridad electoral haya dicho una palabra sobre los resultados y envueltos en una triple confusión de voces enfrentadas: la de los partidos y sus candidatos (que suelen declararse vencedores), la de los medios electrónicos de comunicación (que están en rebeldía con la legislación electoral desde 2007), y la de los datos incompletos que hayan llegado al PREP hasta la medianoche de ese día.
Por increíble que parezca, el Tribunal ha revocado el conteo rápido dispuesto por el IFE para la noche de las elecciones, porque según los magistrados: "es indispensable evitar la propagación de datos preliminares y/o probabilísticos que puedan ser contradictorios".De modo que, ante las dudas de los señores abogados sobre el valor científico de la estadística -y ante su flagrante confusión sobre las diferencias entre muestra y censo- han preferido que el IFE no salga a informar nada.
A diferencia de todas las elecciones presidenciales organizadas por el IFE desde 1994, en las de 2012 no habrá ninguna autoridad que aparezca ante las pantallas de la televisión para informar, hacia las 11 de la noche, quién ganó las elecciones o para dar cuenta de resultados muy cerrados que reclamen la mayor calma y parsimonia de los actores principales. Los magistrados han preferido la guerra de las cifras y de las declaraciones a la certidumbre matemática y la voz de la autoridad electoral. Han preferido institucionalizar el escenario horrendo de las elecciones del 2006, cuando el IFE optó por guardar silencio -aun teniendo los datos en las manos- para dar paso al peor conflicto poselectoral de nuestro nuevo régimen político.
Y lo han decidido, además, a despecho de la letra exacta de la ley electoral que en su artículo 119 establece como atribución del presidente del Consejo General del IFE la de: "ordenar, previo acuerdo del Consejo General, la realización de encuestas nacionales basadas en actas de escrutinio y cómputo, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral". Contra toda lógica jurídica, política y matemática, los magistrados que dicen la última palabra en materia electoral sentenciaron que: "si bien el Instituto Federal Electoral está facultado constitucionalmente para instaurar métodos para conocer la tendencia de la elección presidencial, basada en actas de escrutinio y cómputo de casillas, la técnica del conteo rápido podría propiciar falta de certeza y objetividad en la obtención del resultado" (sic).
Su conclusión fatal es que el IFE -y el resto del país- debe atenerse a los avances que vaya produciendo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que, como sabemos casi todos, va recuperando los datos de las actas de casilla conforme van llegando a los comités distritales donde se acopian y que, por esa misma razón, no marcan ninguna tendencia firme sino hasta la mañana del día siguiente -cuando ya sea acaso demasiado tarde para evitar la guerra de cifras y declaraciones, tal como sucedió en 2006-. En el colmo de la pésima argumentación estadística de los magistrados, se atreven a afirmar que el llamado margen de error del cálculo estadístico es "prueba" de la falta de certeza (porque quizá leen la palabra error como sinónimo de equivocación irrefutable) e ignoran que el PREP no es una muestra y que sus datos iniciales no pueden ser equiparables a las de un conteo rápido porque sólo recuperan los de las casillas más cercanas a las sedes distritales.
Esta sentencia es, con mucho, el error más grave cometido por el Tribunal Electoral desde que se negó al recuento total de votos tras las elecciones de 2006. Es urgente corregirlo -y, de paso, ofrecer un curso de estadística básica a los magistrados-.
(Investigador del CIDE)
