Todo indica que en los próximos días el Congreso de la Unión aprobará la reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera para eliminar como parte del mismo 4 mil 409 plazas de directores generales, directores generales adjuntos y equivalentes, con lo cual da luz verde para que el próximo gobierno proceda directamente a la designación de las personas que ocuparán dichos puestos.
El impacto directo e inmediato de esta reforma, en caso de que el Congreso la apruebe, es el despido de más de 4 mil funcionarios y la libre contratación de estos mismos puestos. Sin embargo, vale la pena hacer varias consideraciones al respecto: la primera, que los funcionarios que hoy ocupan dichas plazas tienen derechos adquiridos que seguramente pueden salvaguardar por la vía del amparo y la administración pública federal se meterá en un lío, sin importar las reformas ya aprobadas a la legislación laboral que limitan el pago de los salarios caídos a un año, pues estamos frente a un caso totalmente diferente.
De acuerdo con una información publicada en el diario regiomontano El Norte, en su edición del jueves 22 de noviembre, del total de plazas ocupadas -número incluido en el primer párrafo- únicamente 472 tienen a salvo sus derechos laborales, pues son los que han aprobado las evaluaciones de desempeño correspondientes, con lo cual en realidad esas serían las únicas plazas que se estarían agregando a la lista de plazas disponibles.
De ser cierta esta información, el problema no está en el número de posibles empleos, sino en el procedimiento para ocuparlos, pues la diferencia entre que se encuentren en el servicio civil de carrera o no es que en el primer caso la ocupación requiere de una convocatoria pública y un procedimiento puntualmente regulado, lo cual resta discrecionalidad y arbitrariedad a la designación, lo que sí sucede en el otro caso, donde el jefe designa con absoluta libertad y sin tener que poner a sus amigos a competir por el puesto.
Así, tampoco son ciertos los argumentos que vertió el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, en el sentido de que la reforma es para no tener que trabajar "…con gente que a lo mejor no cubre el perfil", pues si no lo hacen su despido sería inminente dado que no aprobarían las evaluaciones de desempeño. Así que lo que los priistas quieren es plena libertad para contratar a sus directores generales y directores generales adjuntos.
Pero el impacto es a todo el Servicio Profesional de Carrera, ya que, al margen de que en estos momentos puedan despedir a quienes ocupan esas plazas y ocuparlas con absoluta libertad, el problema es el desánimo que genera en todo el resto de la estructura conformada por casi 72 mil personas, pues se les reduce en automático su posibilidad de hacer carrera dentro de la administración pública federal, ya que se les cierra la puerta de avanzar en el nivel de la estructura y de salario por la vía de sus méritos profesionales.
De acuerdo a una información publicada en el periódico Excélsior, el 1 de agosto de este año, el nivel que hoy desaparecen corresponde a un sueldo que va desde los 90 mil hasta los 264 mil pesos mensuales, inmediatamente debajo de los subsecretarios de Estado. Pero, nuevamente al margen de que el límite superior sea exacto (pues parece muy elevado) el inferior sí parece correcto y todos los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional de Carrera sabrán, a partir del momento en que se apruebe dicha reforma, que por esa vía su sueldo más alto será inferior a esa cantidad.
La lógica del servicio civil o profesional de carrera es garantizar a la administración pública la existencia de un ejército de servidores públicos, neutrales políticamente o mejor dicho partidistamente, que cuentan con los perfiles y las competencias adecuadas para los puestos que desempeñan, pues tuvieron que demostrarlo al momento de concursar por sus plazas, pero también en sus evaluaciones anuales de desempeño. Normalmente estas estructuras son altamente jerárquicas e impersonales y todos sus integrantes actúan de conformidad con un sistema jurídico, reglas de conducta escritas, promoción basada en méritos, división especializada del trabajo y eficiencia.
Y lo opuesto a esto es el fortalecimiento de una estructura clientelar, entendido el clientelismo como una organización en la que las reglas formales no cuentan y lo que se privilegia son las relaciones personales, el intercambio de favores o de favores por dinero o las influencias políticas. Lamentablemente este clientelismo no opera únicamente para la ocupación de las plazas, sino también en el desempeño de las funciones públicas, pues estos servidores deben simplemente obedecer las órdenes de sus jefes, incluso en contra de las disposiciones legales.
Es conveniente aclarar que esto es el ideal, no necesariamente lo que ha sucedido en México, donde este servicio nació durante la administración de Vicente Fox. Es probable, como afirman priistas y perredistas, que haya muchas desviaciones e irregularidades, pero la solución no es eliminando plazas del Servicio Profesional de Carrera, sino corrigiendo las deficiencias y, si es necesario, reforzando las disposiciones legales que impidan su incumplimiento.
Pero en este caso sí aplica claramente el refrán popular de "está peor el remedio que la enfermedad", pues no tan sólo no resuelve el problema, sino que, al contrario, lo agrava al debilitar al servicio profesional de carrera y restarle atractivo para los mejores.
