Corte. Imagen de una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de Justicia inició el esperado debate sobre los límites del fuero militar, aunque la falta de información en el primer caso a discusión impidió avances sustanciales en la sesión de ayer.
El pleno arrancó el análisis con un debate sobre qué tribunal debe juzgar al Coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir la tortura y homicidio del joven Jehtro Ramsés Sánchez, en mayo de 2011.
Tanto un juez militar como un juez federal se declararon incompetentes para llevar ese proceso, por lo que ni siquiera ha iniciado el juicio contra Arias, preso desde noviembre de 2011.
La ministra Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto de sentencia que señala que ninguno de los jueces mencionados es competente, sino que el expediente debe pasar a un juez local en materia penal de Morelos, porque el día de los hechos el Coronel Arias estaba franco y no desempeñaba funciones propias del servicio militar.
Para la ministra, ni siquiera sería necesario aplicar los criterios aprobados por la Corte en julio de 2011 en el caso Rosendo Radilla, sobre límites del fuero de guerra en delitos contra civiles, ya que Arias no calificaba como soldado cuando presuntamente ordenó a subordinados ocultar el cadáver de Sánchez, fallecido a causa de torturas. Pero luego de una hora de discusiones preliminares, el ministro Jorge Pardo sacó a colación un expediente paralelo que no estaba considerado en el proyecto, lo cual obligó a la Corte a interrumpir el debate, el cual continuará hoy martes.
Pardo detalló que Arias promovió un amparo contra el auto de formal prisión que el Juez Quinto Militar de la Primera Región le dictó el 18 de noviembre de 2011.
El 30 de abril de 2012, relató Pardo, la juez 12 de Amparo Penal dictó una sentencia en la que ordenó al juez castrense anular el auto de prisión, dictar uno nuevo en el que sólo debía clasificar el delito de acuerdo con el Código Penal Federal, no con el Código Militar, y declinar competencia en favor de un juez federal.
Varios ministros reaccionaron señalando que no tenían datos sobre ese amparo y que tampoco sabían si la sentencia de la juez ya estaba firme o había sido impugnada, por lo que se acordó investigar esos puntos.
"Para mí el tema fundamental se resuelve en términos de la Constitución, insisto, porque la propia Corte Interamericana determinó la validez del parámetro de Constitucionalidad establecido en el artículo 13 de nuestra Constitución", consideró José Ramón Cossío.
De acuerdo con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura, Arias interpuso el recurso de revisión contra la sentencia, mismo que fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
El tribunal colegiado informó a la Suprema Corte que tenía el caso en sus manos, y el 14 de junio notificó un acuerdo que dice: "se declara la suspensión del procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto la superioridad determine lo conducente".
La Corte revisará dos conflictos competenciales y 28 amparos promovidos por militares, con la idea de fijar jurisprudencia obligatoria que aclare que los tribunales castrenses no deben juzgar a soldados acusados de delitos contra civiles.
