Durante cinco años trabajó como meritoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En 2008 obtuvo una plaza de pasante que logró combinar con sus estudios de maestría en Derecho Civil. Tiene 28 años y se considera una persona aplicada, la mención honorífica con la que salió de la licenciatura podría constatarlo. Hace cuatro años se enteró que se abrirían juzgados en la Sala de Justicia para Adolescentes, decidió concursar para buscar un puesto.
"Saqué la calificación más alta, pero no me lo dieron. Dijeron que tenía que haber sido propuesta por alguien", dice.
Empezó a tocar puertas con los magistrados, uno de ellos la integró a su equipo, "como proyectista mis trabajos pasaban sin problemas. Era muy joven y me felicitaban por mi experiencia laboral".
Cada tres meses le renovaban el nombramiento. Así pasó cuatro períodos hasta que el cargo fue fijo. En 2009, el magistrado fue ratificado y quiso festejar. "Era fin de año y acostumbraba a invitarnos a comer. El 11 de diciembre llegué al restaurante y no vi a los demás. Me dijo que no llegarían y que mejor ordenáramos".
La imagen del hombre respetuoso quedó atrás. "Empezó diciendo que era muy guapa y que mientras me portara bien con él estaría protegida. Luego preguntó que cómo le festejaría; le dije que podría organizar una comida con todos. Me respondió: 'No, cómo me vas a festejar en privado'". La besó y ella no supo cómo actuar.
Se fue al baño y llamó a su hermano para pedirle que pasara por ella. Llegó con un amigo. El magistrado salió a despedirla y le dijo: "Entonces me avisas en qué hotel nos vemos". Su hermano conocía al jefe y escuchó ese comentario.
Después del período vacacional, ella decidió hacer caso omiso a la insistencia, "hacía como si no escuchara. Luego empezó a decir que mi trabajo no estaba bien, que dejara trabajar a los que sí cumplían. Por nada me regañaba y me exhibía".
PROTOCOLO URGENTE Su caso quedó documentado en la recomendación 9/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que constata la falta de mecanismos específicos para prevenir, atender, investigar y sancionar actos de violencia al interior de las dependencias. La llamada de atención incluyó a las delegaciones políticas, a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Superior de Justicia.
Algunas instituciones atendían casos de acoso de forma individual, no había un procedimiento articulado. El gobierno capitalino trabajó en un protocolo de atención para servidores públicos víctimas de acoso sexual con la idea de prevenir el delito. Incluye un código de ética para servidores públicos, "tendrán que seguir los nuevos lineamientos, puede ser que no le den importancia, que hagan como que no lo ven, eso es omisión y tenemos una ley de responsabilidades que dice qué sucede cuando se incumple".
"Más que a sanciones apostamos al cambio de la cultura", informa Beatriz Santamaría, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Inmujeres.
Ciertos casos llegan a la agresión física. "Ya no sólo es el tema de la presión psicológica sino, ante la negativa, hay contextos donde se ejerce la violencia física", dice Guadalupe Cabrera, cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Las leyes contra la violencia establecen el qué, pero no el cómo, el protocolo pretende ser esa guía. Muchos trabajadores desconocen que pueden denunciar a un superior o compañero que abusa de su poder jerárquico.
A veces, la persona sólo busca un cambio de oficina y no inicia una averiguación previa.
Con el nuevo mecanismo se pretende que haya una orientación solidaria y sensible a la víctima, "independientemente de que decida denunciar o no, es ir sentando las bases de cómo al interior de las instituciones se trabaja el fenómeno. En la medida que se siga manteniendo un mensaje de impunidad ante este tipo de conducta los escenarios probablemente se repitan", opina.
EL MIEDO A DENUNCIAR Para la joven abogada, 2011 significó el congelamiento. "Ya no me pasaban proyectos, eran órdenes del jefe. Mis compañeros me lanzaban indirectas: 'cómo hay gente que viene a calentar la banca'. Por la presión me enfermé y me acusaron de abandono de trabajo. El sindicato me recomendó regresar a mi plaza de antes, pero el sueldo era bajo y yo soy el soporte de mi familia".
Una magistrada vio su currículum y le pareció buena candidata. En mayo su jefe se entera del pretendido cambio y con el argumento de pérdida de confianza e incompetencia le anuncia su despido. Ella no se va, una persona vigila sus entradas y salidas, "me esconde la libreta de asistencia y después me niega el acceso a la oficina".
Había hablado del acoso sexual y del hostigamiento con gente del Sindicato y de la Consejería, "algunos me dijeron, 'mejor hubieras accedido, si ya sabes cómo son las cosas aquí'". Finalmente va a la CDHDF para exponer su caso.
No sabe si denunciar penalmente, "el magistrado tiene influencias, nadie querrá meterse en el caso. En junio un tipo alto y gordo me interceptó en la calle, me dijo "'ten cuidado, con el poder nadie se mete. Ya no te hagas pen...'. Me dio miedo, saben dónde vivo y conocen a mi familia. Caí en depresión".
Dice que de no haber vivido esto "seguramente ya estaría estudiando el doctorado". Hace más de tres meses espera la resolución del Tribunal, pues inició un juicio por despido injustificado. Tuvo que mudarse al interior de la República donde encontró un puesto con menor remuneración, pero que le sirve para continuar su defensa. Sueña con ser reinstalada en otra sala de la dependencia. Su proceso va lento, pero quiere agotar todas las instancias. No descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
