Aunque algunos hablan de colocarse un distractor frente a la caldera postelectoral, lo cierto es que detrás de la provocativa firma del Acuerdo Comercial contra la Falsificación por parte de México, que desató una nueva tormenta, está una presión tenaz de Estados Unidos
Aparentemente la Casa Blanca planteó la acción como una de las monedas de cambio para formalizar la invitación al país para adherirse al Acuerdo de Asociación Transpacífico, TTP por sus siglas en inglés (Transpacific Partnership).
Como usted sabe, a éste convergen, además de Estados Unidos, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, quienes con la integración de Japón, Canadá y nuestro país alcanzarían el mercado común mayor del planeta.
El bloque que enfrentaría el creciente potencial de China.
La firma del Acuerdo conocido como ACTA por sus siglas en inglés (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) por parte del embajador de México en Japón, Claude Heller, se realizó al día siguiente de que el gobierno del vecino del norte extendiera formalmente la invitación a nuestro país para iniciar la negociación para incorporarse al megacuerdo mercantil.
En la prisa, el gobierno no sólo olvidó el protocolo, es decir el anticipar al Senado la posibilidad, sino soslayó el rechazo previo de éste a participar en la aventura que necesariamente levantaría una espesa polvareda entre los usuarios de internet, dado que el objetivo fundamental del Acuerdo es impedir la piratería en la banda ancha en materia de propiedad intelectual, por más que también apunta a las patentes de medicamentos.
La acción se ubicó como un reto presidencial a los legisladores, por más que la ratificación ya no la daría la actual sino la nueva legislatura.
Lo cierto es que el del Senado mexicano no es el único caso de rechazo a la alternativa cuyo fedatario es Japón y a la que convocaron Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur. También le dijo no el Parlamento Europeo tras de que la Unión Europea había firmado su aceptación, en un escenario similar al que está colocado México hoy.
El no llegó una semana antes de que el embajador mexicano estampara su firma.
Y si le seguimos, también el Parlamento de Australia rechazó avalar la firma que había estampado su gobierno.
El eje central de la negativa se ubica en la posibilidad de que una fiscalización con tintes policiacos a las redes sociales atentara contra los derechos de privacidad de éstas y se convirtiera en un vehículo de censura.
¿Se acuerda usted la imagen de jóvenes con una cruz de tela adhesiva sellando sus labios con las letras ACTA en protesta en Estados Unidos por la firma del Acuerdo?
De hecho, bajo el paraguas del Acuerdo se le darían mayores facultades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para realizar investigaciones de oficio.
Del otro lado de la moneda, empero la posibilidad protegería de la falsificación, el plagio, la copia sin crédito de obras literarias, artísticas, cinematográficas, musicales que se bajan libremente vía los distintos aparatos electrónicos en escena.
De lograr el Ejecutivo librar el evidente yerro jurídico de saltarse al Senado para firmar un acuerdo internacional y bailar sobre el rechazo previo de éste, la salida equilibrada sería la expedición de una Ley Reglamentaria que dejara claro el qué, el cómo y el cuándo.
No a la piratería; no al tráfico vía internet de productos con marcas falsificadas; no al plagio de autores, pero también no al atropello a los derechos de los usuarios de las redes sociales.
La tentación está latente; censura bajo la máscara de persecución de delitos contra la propiedad intelectual.
¡Aguas!
BALANCE GENERAL
Finalmente la firma Costco Internacional cerró la operación por medio de la cual se adjudicó el 100% del capital de las tiendas mayoristas con que opera en México. El pago a Comercial Mexicana, su socia en partes iguales, fue de 12 mil 791 millones de pesos.
La cifra se cubrió en dos exhibiciones.
Los recursos los empleará la cadena en pagar parte de sus colosales deudas adquiridas en operaciones de alto riesgo realizadas en el mercado de derivados en el 2008.
¿Se acuerda usted cuando el entonces gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, la culpó de haber provocado la crisis de ese año?
LA FIRMA ARAÑÓ LA QUIEBRA
La posibilidad de vender su parte en Costco se empezó a negociar desde aquella época.
Hasta junio pasado la deuda total de la Cómer era de 17 mil 751 millones de pesos.
PECES EN RÍO REVUELTO
En la coyuntura de la crisis de suministro de gas natural para uso industrial, la empresa Gas Natural que opera en Ciudad Juárez ha incrementado sus precios en 300%, lo que provocó que los usuarios recibieran recibos de hasta 10 mil pesos.
El incremento absurdo, a decir de la diputada panista María Antonieta Pérez Reyes, fue autorizado por la Comisión Reguladora de Energía.
La legisladora está acusando a dos jueces federales, Blanca Lobo Domínguez y Emiliano López Pedroza, de cruzarse de brazos ante una demanda de amparo que interpuso contra la propia instancia reguladora.
Sin embargo, en otro escenario, un juez aceptó una demanda mercantil que de llegar a buen puerto obligaría a la gasera a devolverle a los usuarios el precio pagado en exceso.
El pretexto es que el referente para calcular el costo, es decir el precio en California, Estados Unidos, es muy bajo.
SE DESINTEGRA POSADAS
En el primer acto de la anunciada desinversión de sus apuestas foráneas, el Grupo Posadas encabezado por Pablo Azcárraga Andrade le acaba de vender a la firma francesa Accor 14 de sus hoteles en América del Sur.
La firma inició su desmantelamiento tras la graciosa huida del que fuera su presidente, Gastón Azcárraga Andrade, de Mexicana de Aviación.
Como recordará usted, éste lanzó la toalla hace dos años aceptando un pago simbólico de mil pesos por parte de la Tenedora K… pero dejando a la firma aérea con una colosal deuda, además de gastarse sus fondos laborales.
DEDO EN LA LLAGA
Colocado el dedo en la llaga con su trabajo "El Impuesto a los Depósitos en Efectivo, un Incentivo a la Informalidad", la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas le entregarán este jueves el Premio Nacional de Finanzas Públicas a Julio César Ruiz Álvarez.
El galardonado, hijo del que fuera gobernador de la entidad, Julio César Ruiz Ferro, nació en Tapachula y es egresado de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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