El presidente salvadoreño es demandado por demorar el nombramiento de los comisionados del Instituto la Ley de Acceso a la Información Pública. ARCHIVO
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió una demanda contra el presidente Mauricio Funes por demorar el nombramiento de los comisionados del Instituto la Ley de Acceso a la Información Pública.
En un comunicado la Sala informó que revisará si existe omisión por parte del mandatario para elegir a los comisionados del Instituto la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que el mismo Funes creó este año para asegurar que la ley se cumpla.
Agregó que los magistrados que integran la Sala analizarán si el jefe de Estado vulneró los derechos constitucionales de protección no jurisdiccional y acceso a la información pública.
La demanda fue presentada por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), con el argumento “que no cuentan con la garantía institucional necesaria para ejercer debidamente sus derechos, pues no pueden utilizar los mecanismos y procedimientos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública”.
El gobierno informó en fecha reciente que la LAIP se estaba cumpliendo, por lo menos en la parte del Ejecutivo, que ha publicado en todas sus entidades la información requerida a través de sus páginas web y está respondiendo a las solicitudes de la ciudadanía.
La misma Sala cuestionó al mandatario por apoyar la decisión de la Asamblea Legislativa para que se resuelva el conflicto generado por la elección de 10 magistrados de la misma corte en 2009 y 2012, a través de la Corte Centroamericana de Justicia (CSJ).
La ISD forma parte también de “Aliados por la Democracia”, que lidera el gran empresariado salvadoreño y que respalda el fallo de la Sala que invalidó la elección de los 10 magistrados y que ordena al congreso volver a elegirlos, pero este ente ha denunciado intromisión.
Esa situación derivó en un choque de poderes entre el Legislativo y Judicial y una crisis institucional.
