En la escala que se vea, la agenda ambiental se encuentra rebasada. A nivel global el cambio climático provocado en gran parte por las emisiones de gases de efecto invernadero está impactando los patrones de producción y vida de la población y reorientando las políticas públicas; los programas y acciones que se están emprendiendo para enfrentar este fenómeno se centran en la mitigación y adaptación sobre sus impactos, resulta prácticamente imposible frenarlo en el corto plazo.
Otros asuntos también preocupan, algunos asociados a este fenómeno como el déficit hídrico o los desastres derivados de los cambios en la precipitación; el deterioro general de los ecosistemas acuáticos en los mares, lagos interiores, ríos y acuíferos, o terrestres en las zonas boscosas y de pastizales, y la consecuente pérdida de biodiversidad propia de estos sitios sólo son ejemplos de la gravedad y complejidad de los problemas que ya no son únicos de un país o región, sino del planeta y la humanidad en su conjunto.
Todos estos fenómenos también están presentes en ámbito nacional, quizá algunos más acentuados que otros como la pérdida anual de la masa forestal en nuestros bosques templados y selvas en 600 mil hectáreas, de manglares en las costas y pastizales en el norte, abatimiento de acuíferos y el mismo cambio climático, por también mencionar algunos.
En ambas escalas, se vienen realizando esfuerzos importantes para contrarrestar estos procesos de deterioro ambiental, los cuales, sin embargo, resultan insuficientes; ni las agencias internacionales o los gobiernos nacionales se dan abasto en sus políticas y programas que pretenden hacerlo, ni hay los recursos financieros o materiales que los posibiliten, esta problemática ya los rebasó, actualmente resulta inevitable se involucre la sociedad en su conjunto porque existen los casos en torno a los cuales es difícil, e incluso a veces parece imposible, vencer los intereses asociados a los procesos productivos que impactan el ambiente y se resisten a cambiar por los costos que les representa o la disminución de sus márgenes de ganancia que les implicaría evolucionar a una economía verde.
En el entorno local también existe una agenda ambiental rebasada, los problemas que se enfrentan para empezar a orientar el desarrollo regional por el camino de la sustentabilidad son complejos y responden a antecedentes, aunque no muy remotos, asociados con las prácticas productivas en que se sustenta el modelo de desarrollo económico.
Nuestra contribución local al cambio climático se estima relevante por las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que tenemos: la concentración de ganado y las extensas áreas agrícolas, algunas actividades industriales, el parque vehicular, entre otros que nos lo indican, y tal parece que ya estamos resintiendo sus efectos, particularmente en las cada vez más frecuentes y acentuadas sequías y una manifiesta elevación de la temperatura, por lo que también debemos prepararnos con acciones de mitigación y adaptación. Además, aquí se carece de la infraestructura adecuada para monitorear la calidad del aire, sobre todo en las zonas de mayor concentración demográfica.
Existen algunos avances en la protección de ecosistemas y la biodiversidad que albergan, sobre todo en los ya declarados reservorios naturales aunque no se les ha otorgado en apoyo suficiente en recursos para garantizar su conservación a largo plazo y para favorecer el desarrollo local de la población residente en las comunidades ubicadas dentro de ellas; en este esfuerzo es notoria la importancia que ha tenido la participación de grupos civiles conservacionistas, académicos y algunas oficinas gubernamentales ambientales.
En el manejo de residuos sólidos y aguas residuales, si bien no es un asunto resuelto existen avances que marcan una diferencias con respecto a la situación que prevalecía hace dos o tres décadas, sobre todo en las áreas urbanas metropolitanas, no así con los espacios rurales donde sigue constituyendo parte de la problemática de contaminación que sufren.
Asunto aparte sigue siendo la gestión del agua, donde persiste el problema de abatimiento y contaminación de los cuerpos de agua dulce subterráneos, sobre todo del acuífero principal que abastece este líquido a más del 80 % de la población lagunera y sobre el cual se soporta gran parte de la economía regional. Lamentablemente, el impacto de las actividades productivas en el deterioro de este recurso natural no renovable es tal que tiene consecuencias que van más allá de la salud de los ecosistemas, al afectar la de la población.
Lo grave del asunto es que es un recurso concentrado en un segmento de actores económicos que se niegan a aceptar que son parte del problema, en tanto que monopolizan la mayor parte de las concesiones para extraer agua del acuífero y sobre los cuales se observa realizan extracciones mayores a las concesionadas. Si estos actores no asumen su responsabilidad y si las entidades gubernamentales siguen careciendo de la voluntad política o capacidad administrativa para regularles, inevitablemente el problema no sólo continuará sino que se agudizará; de ahí la importancia de un tercero que interfiera demandando la recuperación de un recurso que constituye un bien común, por ello el reclamo viene de la sociedad civil.
Por todo lo anterior, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente refiere a los avances en las acciones que están deteniendo los procesos de deterioro ambiental y contribuyendo a mantener el equilibrio ecológico, pero también obligan a mantener en la agenda los asuntos no resueltos y exigir que se atiendan.
