Maestros disidentes de Oaxaca, Michoacán y otros estados ahorcaron ayer la ciudad de México. No es la primera vez que llevan a cabo este tipo de movilizaciones. Todos los meses de mayo los maestros disidentes protagonizan marchas y bloqueos de vías de comunicación en distintos lugares del país. Desde hace 32 años se han suspendido clases en Oaxaca en el mes de mayo.
Lo peor es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está demostrando que éste es un camino eficaz para obtener más dinero, prestaciones y beneficios. Ningún orden de gobierno se atreve a enfrentarla. Las molestias de los ciudadanos, rehenes en las movilizaciones, generan presiones políticas a los funcionarios gubernamentales que muchas veces optan por ceder.
El éxito de la CNTE ha obligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el organismo que encabeza la maestra Elba Esther Gordillo, a endurecer sus posiciones. Si bien el sindicato oficial firmó originalmente la Alianza por la Calidad Educativa y se comprometió a las evaluaciones de los maestros, en este año político ha buscado echarse para atrás. No sorprende. Los líderes de la CNTE han arrancado más beneficios al gobierno y a la sociedad con su estrategia de confrontación.
El costo lo pagamos los mexicanos y especialmente los más pobres. La decisión de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Michoacán de no aplicar la evaluación universal de maestros es una mala noticia que sugiere que se mantendrá el pésimo nivel de las escuelas públicas de esas entidades. El que en Guerrero se haya determinado que los maestros sí podrán heredar sus plazas a cónyuges y parientes consanguíneos, aunque sólo si tienen "el perfil adecuado", significa que continúa el proceso de privatización de la educación pública: los sindicatos son los verdaderos dueños de las escuelas y las plazas magisteriales.
Distintas decisiones judiciales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han fortalecido la construcción de un sistema de extorsión sistemática de la sociedad por parte grupos como la CNTE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en sus investigaciones sobre la acción policial en Atenco y Oaxaca en 2006 que el Estado tiene derecho y obligación de utilizar la fuerza pública para desalojar bloqueos; pero los cuestionamientos a las policías por violaciones de derechos humanos en estos casos, y en el bloqueo de la Autopista del Sol por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han mandado el mensaje de que las autoridades no deben hacer nada para impedir un bloqueo.
Las reglas del juego que se están forjando favorecen de manera abierta a los grupos de presión que recurren a manifestaciones y bloqueos para obtener beneficios especiales. Los ciudadanos no solamente se ven impedidos de realizar sus actividades por las marchas y bloqueos sino que además tienen que pagar los tratos especiales que estos grupos arrancan a gobiernos cada vez más timoratos.
Esta situación al final debilita al país y afecta principalmente a los más pobres. Los plantones prolongados, como el de Oaxaca, tienen consecuencias económicas negativas al impedir la inversión y destruir empleos. El deterioro de la educación pública favorece a las escuelas privadas. Los graduados de las escuelas públicas enfrentan cada vez más problemas para obtener empleos bien remunerados.
Lo curioso del caso es que los líderes de estos movimientos afirman ser progresistas. En realidad son reaccionarios que buscan privilegios especiales aunque esto signifique ahorcar al país al país y dañar a los grupos más desprotegidos de la sociedad.
A TIRO DE PIEDRA
Todas las encuestas señalan que Andrés Manuel López Obrador está al alza en este proceso electoral. La del Reforma, publicada ayer, coloca al candidato de la izquierda a sólo cuatro puntos de Enrique Peña Nieto del PRI.
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