El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha dado amplia difusión a las suspensiones de jueces y magistrados sujetos a investigación a partir de 2011, pero a la fecha no se sabe qué ha pasado con las indagatorias.
Los jueces de distrito Hiram Barbosa Alanís y Alvaro Tovilla León fueron suspendidos en mayo y junio de 2011 por sospechas de irregularidades en favor de casinos y otros casos polémicos, pero más de un año después no han sido sancionados ni tampoco se les ha reinstalado en los puestos que ocupaban en juzgados de distrito en materia administrativa en Monterrey y en el Distrito Federal.
El próximo 20 de septiembre, en tanto, se cumplirá un año de la suspensión del juez Luis Armando Jerezano y del secretario Gerardo Tiscareño Mercado, que en 2008 concedieron un amparo a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta para instalar 41 casinos, pero tampoco se ha definido su situación.
Los casos más recientes, y más delicados, son los del magistrado Jesús Guadalupe Luna y del juez Efraín Cázares, suspendidos el pasado 1 de junio, e indagados por la PGR por sentencias favorables a presuntos narcotraficantes.
Las suspensiones son "medidas cautelares" que no prejuzgan sobre la responsabilidad de los funcionarios, quienes en algunos casos tienen derecho a seguir cobrando parte de su salario, y también a percibir todo lo que les hubiera correspondido en caso de ser reinstalados.
"El Consejo de la Judicatura federal es el principal interesado en aclarar estos casos, por lo que las investigaciones siguen su curso", expresó el órgano al ser consultado sobre el tema.
"En su oportunidad se darán a conocer, de manera transparente, las decisiones que se aborden", respondió.
Fuentes judiciales señalaron que el CJF ha tenido problemas para detectar irregularidades en el patrimonio de los tres jueces suspendidos el año pasado, no obstante que desde junio de 2011 está vigente un Acuerdo General que permite a ese órgano obtener toda la información sobre cuentas bancarias y operaciones financieras del personal judicial, mediante solicitudes directas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Barbosa ya arrastraba varios asuntos polémicos cuando en marzo de 2011 ordenó levantar la clausura al casino Sport Zone, lo que provocó una intensa campaña en su contra por parte del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández.
Por su parte, Tovilla fue suspendido luego de que uno de sus secretarios, Esiquio Martínez Hernández, fue encarcelado por un presunto enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.
El juez participó en una larga lista de casos relevantes, entre ellos el del predio El Encino, los amparos contra la Licitación 21 del espectro radioeléctrico y el litigio contra la torre de Pedregal 24 en Las Lomas, y cuando lo suspendió, el CJF señaló que fue para indagar sus resoluciones, no su patrimonio.
Mientras las suspensiones como medida cautelar han sido frecuentes, las sanciones graves lo han sido menos.
Desde que inició la Presidencia de Juan Silva Meza en el CJF, en enero de 2011, han sido destituidos dos jueces de distrito y un magistrado de circuito, los dos primeros por ineptitud y conductas inapropiadas, y el tercero por ordenar la liberación de nueve acusados de posesión de 2.5 toneladas de marihuana, sanciones que están a revisión ante la Suprema Corte de Justicia.
Caso aparte
Las investigaciones por probables irregularidades de jueces se desarrollan dentro del Poder Judicial:
PRIMERA ETAPA
- Puede haber suspensión como medida precautoria.
- Inicio de la investigación interna.
- Lleva en promedio unos 6 meses.
SI HAY RESPONSABILIDAD...
SEGUNDA ETAPA
-Inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa.
-Se disponen de 30 a 90 días hábiles para presentar una resolución al pleno.
- Se determina una sanción, que puede ser: apercibimiento, amonestación, suspensión
del empleo, destitución, inhabilitación y hasta multas económicas.
- Si se detectan delitos, se da vista a la PGR para que abra una averiguación previa.
