En un capítulo más que refleja la indefensión de las firmas nacionales asociadas al capital extranjero, el grupo alemán GHC Meridian Deutsche Computer Leasing no sólo ha despojado de la presidencia de la firma GHC-El Camino a su principal socio mexicano, sino ha creado una compañía pirata para ponerle tienda de enfrente.
La "estrategia", incluida una falsa promesa de compra y el despojo de software y clientela, pretende abatir al mínimo el costo de las acciones de ésta para engullírsela sin mayor problema.
El asunto, tal vez, no tendría mayor trascendencia en un escenario donde la tradición habla de que el pez grande se come al chico, de no ser por estar en juego el pago de deudas bursátiles por el escándalo de mil 200 millones de dólares.
La firma especializada en arrendamiento de flotas y equipo de telecomunicaciones, a la que se integró el 20 de mayo del 2009 el socio teutón, tiene como clientes a empresas del tamaño del Grupo Modelo, la cadena de tiendas departamentales Al Puerto de Liverpool y el Grupo promotor de vivienda Geo.
En paralelo, mantiene contratos con 12 bancos, entre ellos Scotiabank, Santander, Multiva, HSBC y GE Capital.
Creado en 1993 con una sociedad entre el empresario Dave Harman y un grupo de mexicanos encabezados por Lázaro David López García, la empresa, a la salida del primero, la integraría una sociedad paritaria entre mexicanos y alemanes.
El estatuto interno hablaba de que en caso de alguna disputa entre accionistas, las partes se someterían a una instancia de arbitraje.
El caso es que el 15 de noviembre del año pasado, la firma socia alemana, representada por su presidente mundial, Jürgen Mossakowski, firmó un acuerdo de intención de compra de las acciones de Lázaro David López García, quien había sido nombrado presidente del Consejo de Administración y director general.
La obligación de éste, una vez adquiridas las acciones, naturalmente, sería renunciar a ambos cargos.
El compromiso se formalizó el 10 de diciembre… con la novedad de que cinco días después los alemanes retirarían la oferta.
En el camino, sin embargo, se realizó una asamblea donde, en complicidad con el resto de los socios mexicanos, se desconoce a López García, nombrando en su lugar a Flavio Sergio Trujillo Díaz, Guillermo Peña Magaña y Jaime César Origel Ruiz.
El anuncio, pese a la ilegalidad de la maniobra, se hace extensivo a la Bolsa Mexicana de Valores.
A partir de ahí se inicia una catarata de asambleas convocadas una por los mexicanos y otra por los alemanes, ratificándose en su caso a López García, y en otro al trío de nacionales, por más que Flavio Sergio Trujillo Díaz había sido expulsado por los opositores. El caso es que elevado el asunto ante los tribunales, un juez resolvió que, en virtud de no haberse realizado la compra de las acciones, Lázaro David López García sigue siendo el presidente y director general. La Bolsa de Valores lo mantiene firme en el directorio de GHC-El Camino.
Lo grave del caso, es que los alemanes envían notificaciones a los principales clientes de la compañía, notificándoles de la "renuncia" del presidente de ésta, a quien acusan de conductas ilegales y antiéticas.
Al fragor del escándalo, la calificadora de deuda de los Estados Unidos, Standard & Pour's, le reduce la calidad crediticia a GHC-El Camino, colocándola en un nivel inferior al promedio, "con implicaciones negativas".
Más aún, se le retiró de la lista de "administradores de activos selectos".
Y aunque, en afán de salvar el prestigio o atenuar el deterioro, los mexicanos plantearon separar el conflicto del negocio, nombrándose a un tercero como administrador, los alemanes insistieron en colocar incondicionales.
El golpe mayor, empero llegaría el 22 de enero pasado, cuando el dueño del edificio donde se encuentran las instalaciones de la compañía decide hacer una inspección de ésta, cerrándole la puerta los alemanes, en medio de un escándalo en que acusan al presidente de El Camino de querer tomar las instalaciones de ésta… por más que él no estuvo en la diligencia.
En la coyuntura, los teutones deciden cambiar de sede, llevándose equipos, archivos y, naturalmente, la clientela.
El problema es que en la ruta crean una empresa privada bajo la denominación de CGH-El Camino Arrendamiento, operando de manera paralela.
Lo grave del caso es que aún cuando López García, ha ganado hasta hoy el pleito, cuando llegue finalmente el colofón sólo habrá cenizas de su compañía.
Las carcajadas rebotan hasta Alemania.
De prosperar un dictamen de una nueva Ley de Sociedades Cooperativas que mantiene bajo la manga el presidente de la Comisión de Fomento Económico del Senado y ex presidente de la Coparmex, Jorge Ocejo Moreno, se le estaría dando la puntilla a las escasas empresas del ramo que han sobrevivido.
Las firmas constituidas como de carácter social, en un escenario en que empatan el trabajo y el capital, operarían como cualquier empresa privada, incluso con opción de socios capitalistas y contratación bajo la figura del outsourcing.
Se diría, pues, que se estaría legalizando el modelo implementado por la directiva de la Cooperativa Cruz Azul para despojar a los trabajadores que la constituyen.
SE VA SU CASITA
El próximo viernes, la asamblea de socios de Su Casita votará su quiebra ordenada de cara a su propia realidad: No hay liquidez para seguir operando.
La paradoja del caso es que el villano de la película será la Sociedad Hipotecaria Federal, quien pese a la triste situación financiera de la firma le mantuvo abierta una línea de crédito… que abruptamente cerró.
La firma se quedó embarcada con deudas superiores a cinco mil millones de pesos.
SE SALVó JOSEFINA
De haber optado, en su puesta en escena de ama de casa, la candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, por acudir a la tienda City Market de la Colonia Del Valle de la cadena Comercial Mexicana a la que eligió, se habría colocado en el centro de una pesadilla.
De dejar sus cosas en la paquetería, se habría topado con la sorpresa de que se las llevó un desconocido. Y aunque el ladrón aparece en un video, a contrapelo de la promesa del gerente, Miguel López Herrera, éste se habría desaparecido.
Peor aún, de atender la oferta de reportar su teléfono celular extraído entre el botín, se habría topado con los insultos del vigilante Saúl González, acusándola de ladrona.
Y si le seguimos, a pesar de las evidencias de los aparatos electrónicos que se llevaban entre las pertenencias dejadas en custodia, se le voltearían los cargos.
Naturalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor pondría oídos sordos a las quejas.
El caso está documentado por el columnista.
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