Alertan. La Coalición Movimiento Progresista advirtió a los magistrados del TEPJF que validar la elección traería graves consecuencias.
La Coalición Movimiento Progresista advirtió a los magistrados del TEPJF que validar la elección traería graves consecuencias, como estallidos sociales e incluso se intensificaría la inseguridad pública y la crisis económica.
Luego de reunirse con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, Pedro Estaban Penagos y Manuel Oropeza, los líderes del PRD, Jesús Zambrano y del PT, Alberto Anaya, así como representantes de Movimiento Ciudadano, aseguraron que dejaron claro a los jueces electorales que en la calificación de la elección deben contemplar las condiciones económicas, políticas y sociales por las que atraviesa el País.
"La decisión de este tribunal tiene muchas consecuencias, no sólo consecuencias jurídicas, y podemos llegar a la situación de estados fallidos si no procede la invalidación de la elección (...) si esta elección no se procede conforme a derecho, las consecuencias van a ser graves, no es cualquier elección.
"Para todos es claro el tema de inseguridad, crisis económica y diversas situaciones que muestran una situación a agravamiento de la situación, y si la situación no cambia el modelo se mantiene es previsible estallidos sociales", dijo Anaya en conferencia de prensa en la sede del Tribunal.
Zambrano afirmó que el PRD esperará la resolución del TEPJF para valorar su proceder, pero desde ahora sería irresponsable asegurar que respetarán la decisión, sin embargo, dijo, tampoco pueden anunciar movilizaciones.
El perredista reconoció que advirtieron a los magistrados que validar la elección intensificaría la inconformidad de algunos grupos que rechazan a Peña Nieto y que no son militantes de los partidos de izquierda, por lo que los exhortaron a analizar a fondo sus pruebas y no descartar la elecciones extraordinarias.
Los dirigentes pidieron a los magistrados analizar también las pruebas de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), sobre los presuntos rebase del tope de campaña del candidato Enrique Peña Nieto, el uso de recursos de procedencia ilícita y el "lavado" de dinero.
