Los tres magistrados de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concedieron un amparo a Napoleón Gómez Urrutia para que pudiera reelegirse como líder del sindicato minero nacional, serán denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa Rica, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lo anterior lo advirtió el líder de la Alianza Minera Nacional (AMN), Héctor Jiménez Coronado, al destacar que recurrirán a los tribunales internacionales porque “es cuestionable la imparcialidad con la que debieron actuar los ministros de la Corte Federal en México, y ya que otorgaron la protección de la justicia federal a Napoleón quien ni siquiera vive en el país, para que lo reeligieran vía satélite”.
Desde hace más de seis años Gómez Urrutia está autoexiliado en Vancouver, Canadá, es prófugo de la justicia por el presunto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso que era de los mineros de Cananea, Sonora, por la privatización de las minas de cobre.
El 2 de mayo pasado, refirió, la SCJN concedió un amparo a Gómez Urrutia para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le otorgara la "toma de nota" para que se reeligiera como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Jiménez Coronado es líder de 14 mil trabajadores disidentes "antinapistas", de los casi 23 mil mineros afiliados al SNTMMSRM.
Dijo a "EL UNIVERSAL" que los abogados de la Alianza preparan en este momento dos denuncias una para la OEA y la otra la presentarán ante presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan N. Silva Meza, en contra de los magistrados Sergio Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y Margarita Luna Ramos.
Les acusan "de favorecer de manera inexplicable al líder espurio en contra del deseo de la mayoría del gremio minero en México, de la propia ley y de los estatutos del sindicato".
Sostuvo que se viola el estatuto sindical, principalmente el capítulo 20, artículo 112, fracción 5 donde se establece que para ser delegado en una convención se necesita ser trabajador de una sección minera y tener 5 años de antigüedad y el supuesto dirigente nunca ha laborado en un una mina, lo que se sabe desde hace muchos años.
Refirió que, debido a que no reunía los requisitos de ley, el 24 de junio de 2008, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó nuevamente a Gómez Urrutia la toma de nota de la elección de mayo de ese año, que tuvo en una convención ilegal el sindicato minero, de acuerdo al expediente laboral 10/670-23 de la propia STPS.
Jiménez Coronado señaló que es inexplicable que la Segunda Sala aprobara el fallo que le permite al prófugo y autoexiliado espurio dirigente manejar desde Canadá el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero como Secretario General.
El magistrado Sergio Aguirre Anguiano votó en contra, mientras que su colega Fernando Franco se excusó, con el argumento de que previo a su ingreso a la Corte, laboró en la STPS, y desde 2010 dicho tribunal dictaminó que él no podría intervenir en el caso, porque era subsecretario del Trabajo cuando se le rechazó la toma de nota al autoexiliado "dirigente".
"Después de cuatro años de litigio y tres semanas en las que el proyecto de sentencia redactado por la ministro Luis María Aguilar, permaneció en la lista de asuntos que se verían en sesión de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, se favoreció de manera inexplicable la demanda promovida por Gómez Urrutia", subrayó.
"Es un fallo que resulta inverosímil porque se atenta contra los derechos de los trabajadores que rechazan se les imponga como líder a un delincuente que es prófugo de la justicia y que se hizo multimillonario".
