La Secretaría de Economía está impulsando una modificación al Decreto de la Industria Automotriz cuyo propósito aparente es impedir las importaciones de Toyota. La empresa ha señalado que dicho cambio podría llevar a la cancelación de inversiones por 300 millones de dólares y a la pérdida de 1,500 empleos. Economía también está pidiendo a la Comisión para Mejora Regulatoria (Cofemer) que la exente de presentar el manifiesto de impacto regulatorio que la ley exige en estos casos.
El proyecto de decreto busca elevar de 50 mil a 100 mil vehículos al año el mínimo que debe fabricar en México una empresa que busque acogerse al Decreto de la Industria Automotriz. En principio esto afectaría a tres firmas, Toyota, Honda y Mazda, pero las últimas dos están ya realizando inversiones para elevar su producción por arriba del mínimo. La medida, por lo tanto, parece tener como destinatario solamente a Toyota.
El artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los anteproyectos de leyes, decretos o actos administrativos deben someterse a la Cofemer acompañados de una manifestación de impacto regulatorio para garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos. Economía argumenta que no necesita presentar el manifiesto en este caso porque el "anteproyecto no genera costos a las empresas automotrices, ni a ningún otro sector o grupo". Pero es evidente que afectará cuando menos a Toyota.
En una carta enviada a la Cofemer el representante legal de Toyota Motor Sales de México ha solicitado a la institución que no exima a la Secretaría de Economía del manifiesto. También señala que los "requisitos que arbitrariamente pretende imponer el proyecto de decreto" podrían hacer que empresas como Toyota pierdan su registro como productoras de vehículos ligeros nuevos. Esto afectaría inversiones por 300 millones de dólares para los próximos tres años y podría provocar la pérdida de 1,500 empleos de los distribuidores autorizados.
La industria automotriz en México está atravesando por un buen momento. El número de vehículos ligeros fabricados en el país ha aumentado de 1.5 millones en 2003 a 2.6 millones en 2011. La mayor parte son exportados: 2.1 millones en 2011. Las exportaciones automotrices, 78,500 millones de dólares en 2011, son superiores a las petroleras, que sumaron 56,400 millones el año pasado.
Este auge exportador, empero, contrasta con un deprimido mercado interno. El máximo nivel de ventas nacionales se registró en 2006 con 1.14 millones de vehículos ligeros. En 2011, a pesar de la recuperación de la economía nacional, los vehículos nuevos vendidos en México sumaron apenas 906 mil.
Uno puede entender que la Secretaría de Economía quiera promover la inversión en México, pero el proyecto resulta inquietante porque parece diseñado para atacar a una empresa, porque evade la transparencia del manifiesto de impacto regulatorio y porque disminuye la competencia. La experiencia nos dice que las barreras proteccionistas o las reglas diseñadas para dañar a una sola empresa tienen consecuencias negativas para los consumidores, que pagan precios mayores, y para los inversionistas, que pierden certidumbre jurídica.
La Cofemer debe exigir a Economía que presente el manifiesto de impacto regulatorio. Lo menos que debemos saber los mexicanos es cuánto gana y cuánto pierde el país con este decreto. A primera vista, la medida parece injusta y contraproducente. El manifiesto, sin embargo, permitiría comparar en detalle los presuntos beneficios y los costos que el decreto impondrá.
ELECCIÓN HURACANADA
A una semana de las elecciones del 6 de noviembre, el huracán Sandy está poniendo a prueba la reacción de los distintos órdenes de gobierno de Estados Unidos. El rumbo de la elección podría cambiar si el presidente, los gobernadores o los alcaldes cometen errores a ojos de los electores.
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