Colocada en escena al cuarto para las 12 del final del sexenio una nueva norma que obliga a las nueve mil gasolineras del país a modificar sus dispensadores, con una inversión conjunta de cinco mil millones de pesos, las aguas se están agitando ante la amenaza de éstas de realizar un paro nacional en protesta.
Por lo pronto, al apremio de la caída de la guillotina, prevista para el 26 de octubre, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), está promoviendo juicios de nulidad contra la disposición de la Secretaría de Economía.
La exposición de motivos señala que no hay suficiente existencia en el mercado de los nuevos dispensadores reclamados. De hecho, se habla de sólo cinco mil en bodegas, frente a una demanda de 45 mil, con la novedad de que la garantía es de sólo dos años, en contrario a los cinco que se ofrecían tradicionalmente.
Mas aún, se aduce que hace sólo dos años se modificaron los equipos con inversiones que aún no terminan de amortizarse.
La amenaza para quienes no cumplan con la exigencia es la aplicación de una multa de dos millones de pesos… con opción de retirarles la concesión a los reincidentes.
Las entrelíneas hablan de que la dependencia está operando el año de Hidalgo a doble fuego: darle el gran negocio a las firmas expendedoras de los aditamentos, y darle el gran negocio al gobierno con el pago de las sanciones pecuniarias.
Sin embargo, del otro lado de la moneda, la dependencia señala que el cumplimiento de las normas oficiales cuyo objetivo es garantizar el despacho de litros de a litro, exige sólo una inversión para introducir dispositivos a los dispensarios de entre 300 y mil quinientos dólares, dado que la mayoría de éstos fueron cambiados hace dos años.
Sin embargo, para quienes no reúnan las características requeridas, se reclamaría erogar entre siete y 15 mil dólares.
En el otro lado de la mesa, empero, se habla de obligar a un gasto de 1.5 millones de pesos por gasolinería.
El propósito pareciera impecable: Evitar los robos a los consumidores, cuyo monto se calcula en 622 millones de pesos anuales, además de facilitar el trabajo de supervisión por parte de la Procuraduría del Consumidor.
El gobierno, pues, en defensa de los automovilistas… como una forma de sobarlos ante los incrementos mensuales en el precio de los combustibles.
Sin embargo, la suspicacia apunta a la prisa con que se ordenan las modificaciones y las contradicciones en que incurren las autoridades. De cara a documentos oficiales entregados a la Comisión de Mejora Regulatoria, se habla de cambio total de dispensadores o el software de las nueve mil gasolineras del país, pero en la mesa de trabajo se dice que cuando mucho se afectarán a dos mil 500…
Y si le seguimos, por un lado se habla de que la medida garantiza que no habrá más inversiones en cinco años, y por otro los certificados de calidad y normatividad se emiten por sólo dos años.
¿Dónde, pues, quedó la bolita?
Lo cierto es que aunque los gasolineros no cuentan precisamente con la simpatía popular, ¿se acuerda usted cuando en un espectacular Kramer contra Kramer, la Canacintra hizo pública una lista de gasolineras que le robaban al consumidor?, tampoco sería justo el colocarlos de cara al abismo.
¿Le entró la prisa al gobierno para realizar en tres meses lo que no hizo en seis años?
BALANCE GENERAL
Aunque todavía está lejos la posibilidad de inaugurar las audiencias, la Telefónica de España formalizó su solicitud ante una instancia del Banco Mundial para un procedimiento de arbitraje frente a un reclamo planteado al gobierno de México por 14 mil 700 millones de pesos.
La firma alega que su filial en México perdió esa cantidad al implantar la Comisión Federal de Telecomunicaciones nuevas tarifas de interconexión a regir entre el 2006 y el 2011.
Según ello la empresa perdió dos millones de clientes.
Operando bajo la marca Movistar, la Telefónica México tiene el menor promedio de ingresos por cliente de las empresas de telefonía móvil.
Estamos hablando de 94 pesos, frente a 546 de Nextel, 192 de Iusacell o 155 de Telcel.
JUGADA DE TÉLLEZ
Bajo el argumento de lograr un mayor rendimiento para la causa de los trabajadores en vías de retiro, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, está provocando la creación de un bloque de administradores de fondos para el retiro y aseguradoras, en afán de presionar para permitirles invertir en acciones de empresas que no forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones.
Como usted sabe, la reglamentación vigente impide salirse del parámetro, dada la certeza de que éstas están en niveles que garantizan la rentabilidad, o si lo prefiere a salvo de cualquier contingencia.
El golpe, al parecer, tiene como dedicatoria a la cadena de tiendas Elektra, a la que una maniobra del polémico funcionario intentó sacar del propio Índice, contra lo cual se amparó.
El juez de la causa ordenó no modificar el listado hasta desahogarse el juicio correspondiente.
A RÍO REVUELTO...
Aprovechando la coyuntura del accidente en la mina VII de Mimosa, propiedad de Altos Hornos de México, el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia ordenó el bloqueo de ésta.
La paradoja del caso es que la factoría cuyo derrumbe de 150 toneladas de carbón provocó la muerte de seis trabajadores, se cerró indefinidamente por decisión de la propia empresa, en tanto se verifican sus condiciones de seguridad por parte de un organismo neutral, y se logra que el gobierno permita la explotación del gas metano que aflora con la explotación de las vetas de carbón.
La sección 303 del sindicato minero, con mil 100 trabajadores, se escondió de éste para integrarse a la Alianza Minera Nacional que encabeza Héctor Jiménez Colorado.
El bloqueo lo encabeza Javier Martínez, quien le mantiene aún fidelidad al dirigente Gómez Urrutia.
BUEN FIN CONSUMISTA
En la necesidad de llenarles el bolsillo a los consumidores frente a la segunda edición del programa Buen Fin, es decir la carrera por comprar más en las tiendas, la Concanaco que encabeza Jorge Dávila le está sugiriendo a las empresas privadas que adelanten al menos la mitad del aguinaldo en la fase previa al arranque.
Naturalmente, el gobierno haría lo propio.
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