Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, asesinados el 12 de diciembre de 2011 en un fallido operativo en la autopista del Sol, denunciaron que el caso podría quedar impune, pues ayer un juez federal concedió un amparo a los dos policías ministeriales acusados de homicidio, para que se dicte un nuevo auto de libertad o de formal prisión.
En un comunicado conjunto los deudos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como el Comité Estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Red Guerrerense de Organismos Civiles y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", exigieron que se inicie el proceso a los presuntos agentes homicidas.
Detallaron que ayer fueron notificados -en nuestro carácter de terceros perjudicados- del amparo que concedió el Juez Primero de Distrito en el Estado, que ordena al Juez Penal de Primera Instancia dictar un nuevo auto en el que determine la situación jurídica de los acusados respecto de su liberación o su sujeción a proceso.
"Lo anterior significa que el juez Leoncio Molina Mercado, deberá resolver de nueva cuenta si los dos policías ministeriales permanecen en prisión para ser juzgados o si, por el contrario, recuperan su libertad".
Ante la resolución de amparo, los familiares y activistas indicaron que "hacemos un llamado enérgico para que la nueva resolución que dicte el Juez tome en cuenta las múltiples pruebas que obran en el expediente, mismas que son coincidentes en apuntar a la responsabilidad de ambos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE)" en la muerte de los estudiantes.
Indicaron que la acusación se robustece con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyas conclusiones quedaron establecidas en la Recomendación 1VG/2012, "donde se señala que ambos normalistas fueron privados de la vida por armas disparadas en el lugar donde se encontraban los policías detenidos (...) Ante el cúmulo de pruebas existentes, el Juez está obligado a dictar un nuevo auto de formal prisión".
Señalaron que "de lo contrario, quedaría comprobado que con la investigación realizada, personal de la Procuraduría habría buscado deliberadamente llevar el proceso a este punto, en el que la Justicia Federal ya constató la deficiente actuación de las autoridades guerrerenses, a efecto de consolidar la impunidad".
Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos y los estudiantes de la Normal Rural, añadieron que "en el caso Ayotzinapa no se ha procurado justicia a cabalidad, puesto que solamente dos funcionarios públicos fueron acusados penalmente por los delitos y las violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de los normalistas, quedando impunes las detenciones arbitrarias y torturas cometidas en contra de varios estudiantes".
