Siempre es fácil culpar al FMI o a la codicia de los banqueros; o afirmar que sólo se requiere de voluntad política para que, sin recortar el gasto público o sin subir impuestos, la economía registre una recuperación milagrosa. Por eso los sindicatos y grupos de poder organizan huelgas y manifestaciones. Pero las crisis no desaparecen por ellas.
El desplome económico de España tiene raíces distintas a las de Grecia, que incurrió en un gasto deficitario durante décadas hasta que el peso de la deuda pública hundió a la economía. España cuidó siempre sus finanzas públicas, pero una burbuja inmobiliaria que creció durante décadas terminó por estallar y provocó un derrumbe de la industria de la construcción y de las cajas de ahorro y bancos que se especializaban en este sector. La contracción de la economía española ha producido ahora un enorme déficit fiscal debido a que han caído los ingresos, pero no los generosos compromisos del Estado benefactor español.
Pese a lo que planteaban este 14 de noviembre muchos de los manifestantes y huelguistas que paralizaron al país, el villano en el desplome no es el FMI ni la canciller alemana Ángela Merkel, que simplemente exigen lo que debe pedir cualquier acreedor. Nadie puede esperar ya que los contribuyentes alemanes paguen impuestos sólo para que los españoles puedan seguir viviendo a un nivel más alto del que permite su economía.
De hecho, los manifestantes no se dan cuenta de que muchas de sus exigencias son contradictorias. Por una parte exigen que los bancos no desalojen de sus viviendas a los acreedores de hipotecas morosas, pero por la otra demandan que el gobierno ya no rescate a los bancos. El dinero público, dicen, debe usarse para programas sociales. Pero si los bancos no pueden recurrir al desahucio, será necesario aportar más dinero para cubrir sus pérdidas.
Si realmente el gobierno cumpliera la exigencia de no rescatar a los bancos, millones de españoles perderían sus ahorros. Los activistas que se quejan de la codicia de los banqueros, y que no entienden que un banco pueda quitarle a una familia una casa comprada con una hipoteca que ha dejado de pagar, no se dan cuenta de que más del 90 por ciento del dinero que prestan los bancos no es de los dueños sino del público en general. Si los bancos quiebran, estas personas se quedarán sin sus ahorros y entonces las quejas contra el gobierno serán por no proteger a los ahorradores.
España no tiene muchas opciones. Recortar el gasto y subir impuestos no es quizá la mejor medida en este momento porque profundiza la recesión. Pero seguir manteniendo un déficit de presupuesto de más del 6 por ciento del PIB es imposible porque los intereses que está pagando el gobierno por la deuda pública son cada vez más altos. Más inteligente sería hacer más competitiva la economía, y en particular realizar una reforma laboral a fondo que facilite los despidos y por tanto la contratación, pero los sindicatos que se quejan de la crisis son los mismos que se niegan a aceptar estas medidas de fondo.
Lo que está haciendo el presidente Mariano Rajoy es lo mismo que tendría que hacer un gobierno socialista. España debe urgentemente dejar de aumentar su deuda pública, y la única manera de hacerlo es recortar el gasto y aumentar los impuestos. Necesita también hacer reformas para hacer más competitiva la economía. Esto lo hicieron Alemania y Suecia hace años y por eso sus economías están creciendo mientras que la de España se desmorona.
AL FIN LIBRE
Fueron retirados los cargos de 11 procesos penales en contra de Pablo Salazar y de 50 colaboradores. La decisión, junto a los fallos favorables obtenidos en tribunales federales, deja al exgobernador de Chiapas en libertad. Salazar dice que con esto cierra el capítulo. No hay duda de que sufrió una persecución, pero el gobernador Juan Sabines ha preferido retirar los cargos antes de dejar el poder.
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