El Gobierno israelí presentará este verano al Parlamento una serie de medidas de presión económica para desalentar la inmigración ilegal, informó hoy la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Según un comunicado oficial, las nuevas disposiciones, que serán votadas antes de agosto, incluirán prohibiciones como que este tipo de inmigrantes no puedan transferir dinero a sus familias, principalmente en África.
La enmienda prevista a la ley de inmigración prevé la imposición, asimismo, de severos castigos a la persona que efectúa la transferencia -seis meses de cárcel o 29,000 shekels (unos 7,350 dólares o 5,980 euros) de multa- y aún más duras a quien le ayude a efectuarla -un año de cárcel o la misma suma de multa o bien el doble del dinero transferido-.
También contemplará la posibilidad de que el Estado se incaute del dinero que se quiera transferir, que sólo será devuelto cuando el inmigrante abandone el país.
En Israel viven alrededor de unos 60,000 inmigrantes africanos, principalmente de Eritrea y Sudán del Sur, que las autoridades han comenzado a repatriar en medio de una fuerte polémica en la que han aflorado todo tipo de acusaciones racistas.
Los africanos llegan, generalmente, a través de la península egipcia del Sinaí y cruzan a través de una zona sin verja fronteriza. Una vez en Israel solicitan el estatus de asilado político.
El pasado mes de junio el Tribunal Supremo autorizó al Estado a expulsar a un millar de sudaneses, tras levantar el Gobierno el velo de "protección colectiva" que les aplicaba en los últimos años.
Igualmente autorizó la detención de inmigrantes y su encarcelamiento en campamentos con vistas a la deportación.
Otra disposición de carácter económico es la que tratará de "convencer" a los empleadores israelíes de que no vale la pena darles trabajo a los inmigrantes, ya que a partir de ahora deberán dejar en las arcas públicas un depósito de 700 shekels (144 euros o 177 dólares) mensuales por trabajador.
De la misma manera, deberán pagar un impuesto especial del 20 por ciento del salario del trabajador, a pesar de que suele tratarse del salario mínimo y por tanto estar exento de fiscalidad.
"Los empleadores que no cumplan este requisito estarán incurriendo en un delito y deberán pagar una multa de hasta 5,000 shekels (1,031 euros o 1,267 dólares)", subraya el comunicado.
Las medidas económicas fueron presentadas hoy por el secretario del Gobierno, Tzvi Hauser, a un comité interministerial de lucha contra la inmigración ilegal, que preside Netanyahu.
El equipo que las ha preparado cree que este tipo de sanciones puede desalentar a futuros inmigrantes, dado que el principal objetivo de su entrada en Israel es encontrar trabajo para mantener a sus familias.
Según diversos cálculos, los trabajadores de origen africano que residen en Israel transfieren a sus hogares cerca de 500 millones de shekels anuales (unos 103 millones de euros o 127 millones de dólares).
El Gobierno aclara que cualquier inmigrante podrá llevarse todo el dinero que haya acumulado de su trabajo cuando abandone Israel, y que las medidas no serán aplicables a casos humanitarios o a aquellos a los que ha concedido el visado de asilo.
