Por unanimidad, el Senado avaló la Ley General de Víctimas que obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectadas por la inseguridad o la violación de sus derechos humanos, además de garantizarles el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación del daño causado.
Al aprobar esta ley y enviarla a los diputados, la Cámara de Senadores cumplió el compromiso que asumió ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignad que encabeza Javier Sicilia, en los diálogos del Castillo de Chapultepec celebrados en julio de 2011.
